Éste es uno de los argumentos por los que la fiscal pidió el pasado 31 de octubre al juez del caso, Eloy Velasco, que ordenara el ingreso en prisión de Granados, según consta en las grabaciones de las comparecencias de imputados y testigos que se han conocido hoy.
La fiscal solicitó prisión sin fianza para el exconsejero madrileño al imputar a éste, además del delito de tráfico de influencias, los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, fraude, malversación y prevaricación.
Tras conocer las escuchas, comprobar la información aportada por la Agencia Tributaria y la proporcionada por el ministerio público, la fiscal encontró evidencias de que Granados, siendo alcalde de Valdemoro y en su posterior cargo en el Gobierno regional, "procuró la adjudicación de numerosos contratos de obra y venta de parcelas a su gran amigo David Marjaliza (el presunto cerebro de la trama Púnica) y a las empresas vinculadas al mismo".
Además, la fiscal evidenció que "no solamente benefició a Marjaliza", sino también a personas como al constructor y promotor Ramiro Cid Sicluna, "a cambio de contraprestaciones que eran o dinero en efectivo o la entrega del chalet El Caracol".
La representante del ministerio público pidió cárcel para Granados al considerar que si seguía en libertad "podría destruir pruebas e influir sobre testigos".
"Tiene muchísimas influencias en el territorio de Valdemoro y si se le deja en libertad podría entrar en contacto con estas personas y dificultar la investigación", indicó según la grabación de su declaración judicial.
Añadió que si no se ingresaba a Granados en prisión, existía riesgo de que siguiera cometiendo delitos "fruto de este tráfico de influencias" que todavía mantenía por entonces.
También pidió al juez que tuviese en cuenta que había creado un "núcleo" en Valdemoro que estaba haciendo "que se haya vendido mucho terreno con un perjuicio muy importante para el municipio".
