La fiscal dice que la 'trama Gürtel' hizo de los sobornos un "modo de vida" y financió al PP

La Audiencia Nacional ha iniciado la fase de informes finales del juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), comenzando por la fiscal, que ha mantenido que hay pruebas para condenar a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de prisión.

"Tras una ardua instrucción y un complejo juicio -que empezó hace más de un año- acorde con la actividad de los acusados se han confirmado los indicios y se han comprobado los hechos con una abrumadora y contundente prueba" incriminatoria para los 37 acusados, ha comenzado diciendo la fiscal.

Ha recordado que el propio Correa, para quien la fiscal pide la máxima pena, 125 años de prisión, "involuntariamente" habló del "sistema" para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio del tres o el cuatro por ciento de comisión, "lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir".

La fiscal ha abundado en que a tal fin los acusados crearon "un entramado societario y usaron "una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados".

Ha dicho que de esta forma "esquilmaron arcas públicas" con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda.

Ha concretado que la trama consiguió contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones.

En el caso de Majadahonda ha dicho que "es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un Ayuntamiento" para beneficio de sus integrantes y para "financiar y ahorrarle costes al PP".

La fiscal ha indicado que los implicados en la parte de la trama de Majadahonda, entre ellos el exalcalde Guillermo Ortega, para quien pide 50 años de prisión, "usaron el consistorio para su puro enriquecimiento personal y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios", relegando a todas las personas que no participaban del entramado.

Por otra parte, en el caso de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la fiscal ha relatado que el exconcejal Roberto Fernández, para quien pide once meses de prisión, "dijo cómo se contrataba en este Ayuntamiento cuando era alcalde Jesús Sepúlveda, quien seleccionaba las empresas adjudicatarias para adecuar luego los trámites a las mismas".

La fiscal pide para Sepúlveda 15 años de prisión y reclama a su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato 28.468 euros como partícipe a título lucrativo, mientras que al PP le exige el pago de 328.440 euros por el mismo tipo de responsabilidad civil.

En el entramado societario "Francisco Correa era el jefe, Pablo Crespo -para quien la fiscal pide 85 años de prisión-, su mano derecha y José Luis Izquierdo -que se enfrenta a una petición de 45 años de cárcel- el gestor de la Caja B", ha indicado Concepción Sabadell.

Por otra parte ha comentado que los acusados trasladaron documentación y dinero de las sedes del grupo Correa a un "piso de seguridad" en la calle del General Martínez Campos de Madrid y al domicilio de José Luis Izquierdo cuando ya temían una intervención judicial.

En el primer piso se encontró una carpeta de Trafinsa, "las iniciales de Tráfico de Influencias S.A., muy representativo de la actividad de los acusados", ha comentado la fiscal, que ha dicho que para dificultar la labor de los organismos de control, las empresas de la trama fraccionaban los contratos, generalmente de eventos públicos, y emitían facturas falsas.

La fiscal ha calificado de "relevante" la declaración que prestó en el juicio Correa que, aunque a su juicio, no le permite proponer circunstancias atenuantes de la pena, sí entiende que debe ser valorada por el tribunal a la hora de individualizar la pena a imponerle.

Durante su informe se ha opuesto a las alegaciones de nulidad de pruebas alegadas por las defensas y ha calificado de "inaceptable" que algunos abogados hayan dicho que la Fiscalía ha subcontratado a los peritos judiciales y que hayan cuestionado los documentos exhibidos por el Ministerio Público y hablen de manipulación.

"Esperamos que no se repita pues el tribunal deberá valorar la responsabilidades que se deriven, ya que no todo vale en el derecho de defensa", ha concluido al respecto la fiscal.