El Fiscal General, Álvaro García Ortiz, ha completado una ronda de reuniones y contactos con los máximos dirigentes orgánicos de la Institución para comunicarles que, tras la entrada y registro de su despacho, la UCO tiene acceso a información sensible de todas las comunicaciones que se han cruzado respecto los asuntos judiciales sobre los que le han reportado en el marco de la relación jerárquica de la Fiscalía.
Según cuentan a Onda Cero fuentes jurídicas, en estos contactos, algunos de ellos telefónicos, García Ortiz les trasladó su preocupación por la alta sensibilidad del material incautado, que afecta incluso a la seguridad del Estado e involucra a terceros países y que abarca todas sus comunicaciones vía móvil y ordenador desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. El propósito era hacerles partícipes de esa inquietud y que los dirigentes de todas las Fiscalías y áreas especializadas conocieran que sus comunicaciones con el máximo dirigente de la institución han sido intervenidas.
García Ortiz, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos respecto al novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, mantuvo la primera de estas reuniones el pasado lunes en la sede de la Fiscalía General, situada en la madrileña calle Fortuny, y acudieron, entre otros, los fiscales jefe de la Audiencia Nacional, Anticorrupción, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones, en el segundo encuentro, que se desarrolló este martes en las dependencias de la calle Ortega y Gasset, el Fiscal General pudo trasladar esa misma información a los fiscales de área especializados, entre otros los de Menores, Personas con discapacidad y mayores, Violencia sobre la mujer, Seguridad vial y Cooperación Internacional.
Algunos fiscales, según las mismas fuentes, hicieron comentarios relativos a aspectos técnicos de la Causa Especial que se sigue en el Tribunal Supremo por supuesta revelación de secretos contra el Fiscal General. Esto obligó a García Ortiz a aclarar que, en tanto en cuanto él se había abstenido de este asunto, no iba a entrar a ningún debate ni facilitar ninguna opinión.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, comunicaba este martes al Alto Tribunal el decreto en el que, en ausencia de García Ortiz, quien se ha abstenido de conocer diligencias sobre la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos, ha dejado sin efecto la obligación de rendir cuentas al máximo dirigente de la institución. Es decir, la mano derecha de García Ortiz aclaraba por esta vía que no tiene que informar a su jefe sobre esta causa secreta porque en el marco de estas actuaciones ella no actúa como subordinada del Fiscal General y a la vez investigado.
El pasado 30 de octubre, agentes de la UCO de la Guardia Civil registraron el despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía de la calle Fortuny de Madrid por orden del instructor del Supremo, Ángel Hurtado, que investiga un supuesto delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos sobre un intento de pacto por parte del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Desde las 12 y media de la mañana y hasta cerca de la media noche, la guardia civil volcó el contenido de su teléfono móvil y su tablet, además de dos ordenadores, y no necesitó incautarse de ninguna documentación en soporte papel.
