El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explicó en su declaración en el Supremo su versión sobre el borrado de los datos de su teléfono móvil
Durante su intervención, García Ortiz detalló que ha cambiado seis veces de terminal móvil desde que fue nombrado fiscal jefe de sala de la Secretaría Técnica. Esta práctica, según explicó, forma parte de un procedimiento habitual en su gestión de la información.
Recalcó que borra "absolutamente todo" el contenido de sus dispositivos de manera regular, no por capricho, sino por una necesidad legal y de seguridad. "Yo no puedo permitirme el lujo de perder o de que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tiene", manifestó, subrayando la sensibilidad de los datos que maneja en su cargo.
Destacó que este procedimiento no es una decisión personal, sino "una imposición legal" respaldada por la normativa europea de protección de datos. "Debemos borrar los datos de nuestros terminales", recordando que los datos son un patrimonio que puede causar un "perjuicio inmenso" si circulan por canales inadecuados.
En su declaración trató de desmontar la hipótesis de que el cambio de terminal el 23 de octubre de 2024 tuviera una intención deliberada de ocultar información. Calificó esta suposición como una "inferencia ilógica" y ofreció sus argumentos: "Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada".
Además, subrayó lo "absolutamente impensable" que resultaría para un fiscal general ser objeto de un procedimiento de incautación de dispositivos, señalando que no hay precedentes similares en todo el derecho europeo.
