La carrera fiscal clama para que el Fiscal General del Estado defienda a la Institución frente a las menciones al "lawfare" de PSOE y Junts y la respuesta, más o menos velada, es no. En su carta de contestación, el Fiscal General obvia ese término, que es el aspecto central de las reclamaciones formuladas por los fiscales, y ciñe su respuesta oficial a la Ley de amnistía.
La respuesta de García Ortiz provoca un choque frontal con los cuatro fiscales de Sala del procès y el mayoritario sentir general de la carrera. Según varias fuentes cercanas a los distintos fiscales destinatarios, consultadas por Onda Cero tras el envío de la misiva, el Fiscal General “no defiende a la Institución ni a sus miembros”.
Otro de los aludidos, en conversación con Onda Cero, explica que aunque la carta sería oportuna en otra situación, "tras los acuerdos con Junts, la amnistía y el lawfare, la posición de la Fiscalía debería ser de apoyo a los fiscales señalados, poniendo en valor su trabajo”
La separación e injerencia de los poderes del Estado
En una carta dirigida este jueves a los fiscales del procès y a todos los miembros de la carrera fiscal, Álvaro García Ortiz pide respeto al principio de separación de poderes e insta a evitar cualquier injerencia "en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado". Llama a respetar a las instituciones constitucionales e insta a los fiscales a no posicionarse frente a la Ley de amnistía hasta que esté promulgada .
"Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", señala la misiva.
Los cauces estatutarios y el principio de imparcialidad
El posicionamiento de la Fiscalía, según la misiva, será "en todo caso técnico-jurídico- y se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención".
"El Fiscal General del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados", prosigue la carta.
Álvaro García Ortiz recuerda que la sujeción al principio de legalidad es un mandato imperativo para los actos del Ministerio Fiscal, "en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales de nuestro país tienen encomendada".
Por último, García Ortiz se erige como la mejor garantía, en virtud de su cargo como jefe superior y representante del Ministerio Fiscal, "de nuestro quehacer diario".
Como toda respuesta a la petición de los fiscales del procès para defendiera públicamente la legalidad, el Fiscal General promete velar siempre "por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas".
Los fiscales del procés
Ocurre que los fiscales del procès, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, no mencionaban en su carta previa al Fiscal General el asunto de la Ley de la amnistía sino la inclusión "absolutamente improcedente" de expresiones como "lawfare" y judicialización de la política en el acuerdo de investidura PSOE-Junts, así como las futuras comisiones de investigación en el Congreso "con la finalidad de evaluar las actuaciones de los órganos judiciales y del Ministerio Público", en el marco de los procesos penales abiertos para depurar las responsabilidades criminales en que los autores y participes de tan graves hechos delictivos incurrieron".
En el escrito, al que ha tenido acceso Onda Cero, los fiscales recuerdan que “la valoración que efectúen esas comisiones de investigación podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional”.
Muestran su preocupación por los términos de ese acuerdo que, a su juicio, anulan "la separación de poderes" y cercenan de raíz la independencia judicial. No es admisible someter las decisiones judiciales a revisión de otro poder del Estado, recuerdan, y denuncian un intento de establecer un control político sobre el poder judicial.
Piden al FGE que defienda la legalidad constitucional
En concreto, el escrito solicita al Fiscal General del Estado que "actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley" y también de los miembros de la institución, que "ejercen sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión".
Estos cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo consideran necesario que el Fiscal General exprese públicamente la postura mencionada y no entienden que se dilate la declaración con la excusa de que la Ley de amnistía aún no está publicada. No es un pronunciamiento sobre esa ley lo que solicitan sino sobre un "Acuerdo que ya ha sido publicado", en referencia al pacto de investidura PSOE-Junts, previo a la presentación de la Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.
Ataque a la Institución
En todo caso, también subrayan que su intervención como fiscales en las causas especiales del procès ante el Tribunal Supremo y las de los demás fiscales en el resto de causas se ha ceñido a los principios de legalidad e imparcialidad, conforme al principio de unidad de actuación, y con el conocimiento y beneplácito de la Fiscalía General del Estado.
"El solo hecho de que se arroje la sospecha sobre los fiscales de una acusación ilegal admitiendo que se podría calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la Institución que debe ser objeto de respuesta inmediata por el Fiscal General del Estado como cúspide de la Carrera Fiscal", recoge también el escrito.
La misiva enviada por los fiscales del procès está fechada el 14 de noviembre, dos días antes de la respuesta que el Fiscal General remite por carta a los cuatro fiscales de Sala y al resto de miembros de la carrera fiscal.
Asociaciones de fiscales
La carta, por tanto, es la respuesta también al resto de fiscales que, a través de las asociaciones corporativas han manifestado en los últimos días su absoluta oposición al controvertido párrafo del acuerdo PSOE-Junts.
Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo más afín a García Ortiz, como la Asociación de Fiscales (AF), de ámbito conservador, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han expresado en diversos comunicados su rechazo a las menciones al lawfare pactadas la semana pasada.
La UPF mostraba su "absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura". También tachaban de "inadmisible" la posible creación de comisiones parlamentarias sobre actuaciones judiciales al "pervertir" completamente el sistema constitucional de separación de poderes.
En línea con las asociaciones judiciales, los jueces decanos y el CGPJ, la UPF es tajante: "los Jueces y Tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado".
