El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del 'procés' que pidan al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación.
García Ortiz ha enviado a la cúpula fiscalun informe jurídico y ha convocado para el martes una Junta de Fiscales de Sala para fijar la posición de la Fiscalía respecto de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales del 'procés', partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos.
El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
García Ortiz se dirige a los cuatro fiscales para ordenarles que "procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación" de la ley de amnistía.
Y, por consiguiente, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", que son Puigdemont, Comín y Puig.
Considera que los fiscales confunden ánimo de lucro con malversación
La orden del fiscal general considera que estos fiscales confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.
El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial", añade la orden de García Ortiz. Asimismo, el fiscal general considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.
Qué pueden hacer los fiscales si no están de acuerdo
Los cuatro fiscales deberán responder ahora por escrito, tal como exige el Estatuto, si acatan la orden del fiscal general o invocan el artículo 27 que conllevaría la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes, tal como se informó ayer.
Esta orden precede a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo martes, día 18, en la que se analizarán los argumentos de los fiscales del 'procés' y del fiscal general con el objetivo de fijar el criterio que mantendrá el Ministerio Público ante el juez Llarena, que dio un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse. Ese plazo concluye el martes.
La Junta de Fiscales puede votar sobre los criterios antagónicos que defienden los fiscales del 'procés' y el fiscal general, pero su posición no tiene carácter vinculante y la última palabra la tendrá García Ortiz.
