El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público.
Fuentes fiscales informan de que el fiscal general ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de los mismos magistrados que el pasado noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, al acusar a García Ortiz de "desviación de poder" ya que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal".
Es por ello que el fiscal general entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial le consideró "inidóneo" para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo.
Pide que su caso sea revisado por otros magistrados
Además de estos motivos, García Ortiz añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados", añaden las fuentes.
Por ello, pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias contra él, como entiende sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso.
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación.
Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como sucede en este mismo caso.
Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
La denuncia contra García Ortiz por su parcialidad
La APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz, denuncian, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".
El Senado insta a Sánchez a cesar la fiscal general
El Senado considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "incumplimiento grave y reiterado de sus funciones" para llevar a cabo la "regeneración democrática" de la que viene hablando tras reflexionar unos días sobre su futuro político.
El llamamiento al cese del fiscal general figura en una moción del PP que fue debatida este miércoles por la mañana en el Pleno de la Cámara Alta y que será aprobada a lo largo de esta jornada.
La iniciativa del PP, que respalda Vox y respecto a la cual Junts anunció su abstención, insta al Ejecutivo a proponer "la destitución de forma inmediata" del fiscal general "por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo".
También se emplaza al Ejecutivo a proponer un sustituto de García Ortiz "que cumpla con los requisitos legales para su elección", de forma que se garantice "la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".
El PP tacha de "farsa" el plan de regeneración democrática de Sánchez
El Partido Popular ha criticado la "semana negra" del Gobierno de Pedro Sánchez con la "ocupación" de instituciones y empresas como la Fiscalía General del Estado, RTVE, el CIS y Telefónica, y calificó de "farsa" y "estrategia electoral" el plan de regeneración democrática que el jefe del Ejecutivo anunció tras su "numerito" de cinco días de reflexión.
En estos términos se ha expresado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la que señaló que, actualmente, "los tres pilares" del Gobierno de Sánchez son "la corrupción, el nepotismo y nunca falta la ocupación de las instituciones".
Gamarra ha arrancado su intervención con el foco en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien vuelve a estar en el centro del debate público por la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Para la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, García Ortiz"no puede estar ni un minuto más" al frente de la institución ante este nuevo "varapalo".
"En seis meses el fiscal general del Estado acumula y colecciona sentencias y resoluciones judiciales que están señalándole es el camino de salida", interpretó Gamarra. "Está claro que alguien que ha sido condenado por desviación de poder y que no contaba con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial nunca debió ser ratificado y nombrado nuevamente como fiscal general del Estado como hizo Pedro Sánchez", ha añadido.
