Izaguirre ha mantenido que esto es lo que se recoge en las grabaciones y correos aportados por la abogada Ainhoa Alberdi en la denuncia que en 2009 interpuso ante la Fiscalía y que dio origen al juicio que ahora se celebra en la Audiencia Provincial de Álava con 26 imputados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés y excargos del Gobierno Vasco.
"Los correos de Alberdi ponen de manifiesto que estamos ante una real trama", que tenía "poder", reclamaba las comisiones "no en un callejón oscuro" sino desde correos electrónicos oficiales de la Diputación Foral de Álava, "sin ningún tipo de vergüenza ni desdoro" y no actuaba de manera "aislada" ni por "calentones" sino que eran personas "amparadas por todo el establishment".
El fiscal ha intervenido hoy para responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los imputados, entre ellas la petición de nulidad de toda la instrucción y de las grabaciones que dieron origen al proceso, con la presunta reclamación por parte de De Miguel -cuando era diputado foral- a Alberdi de una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación a una empresa de la que era administradora de un contrato vinculado a la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
Izaguirre ha recordado que en 2015 la Audiencia de Álava ya desestimó varias de las cuestiones planteadas ahora, como el tema de las grabaciones, y que no se ha aportado por las defensas ningún elemento para variar esa decisión.
Además ha remarcado que aunque se anulasen las grabaciones y los correos quedaría el testimonio de Alberdi y todas las demás presuntas operaciones delictivas que están en la causa. "No es que una loca se presenta" en un despacho con una
"historieta", ha descrito Izaguirre para remarcar también que la abogada relató lo que le estaba sucediendo al entonces presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría -también imputado- y que éste no lo denunció sino que le pidió a De Miguel que fuera "más discreto".
Izaguirre también ha puesto en valor el "trabajo magnífico" del juez instructor y la actuación "impecable" de la Ertzaintza para recabar todas las pruebas y garantizar los derechos de los procesados.