La Fiscalía ha expuesto sus conclusiones definitivas, en las que mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE por crear o sostener un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2010 la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.
Ha retirado su acusación de prevaricación contra el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa, para el que inicialmente pedía 10 años de inhabilitación. Así, el Ministerio Público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, así como para la exsecretaria de Empleo Lourdes Medina y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete para los que inicialmente solicitaba 8 años de prisión.
Por los mismos delitos pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de la entidad pública IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez.