El fiscal Vicente González Mota ha dirigido su petición al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien ya investiga a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por delitos de rebelión y sedición por "impulsar" y "promover" las mociones de ayuntamientos catalanes de apoyo a la resolución independentista del Parlament, anulada por el Tribunal Constitucional.
El Ministerio Público lo ha reclamado una vez recibidos los últimos informes de los Mossos D'Esquadra y practicadas todas las diligencias de investigación por las que, según el escrito del fiscal, "se confirma la declaración pública incitando a impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones dictadas" por el TC.
Esta decisión de la Fiscalía se produce un día después de que el Tribunal Supremo haya pedido a la Cámara Baja el suplicatorio para proceder contra el diputado del Partit Demòcrata Europeu Català Francesc Homs por desobediencia y que el Tribunal Constitucional le preguntara ayer a la Fiscalía si iba a actuar penalmente contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no acatar las decisiones de ese tribunal.
En opinión de González Mota, las manifestaciones que hizo el concejal de la CUP en ese pleno, celebrado el pasado 9 de diciembre, cumplen los requisitos para ser calificadas como un delito de incitación o provocación a la sedición del artículo 548 del Código Penal, en relación a los artículos 18 y 544.
Esos requisitos son: que el autor de ese llamamiento sea "una persona constituida en autoridad", lo profiera de manera pública, que expresamente se llame a la desobediencia de resoluciones judiciales y que se les dé un alcance "más allá de las intenciones".
Durante la sesión del pleno a la que hace referencia el fiscal, el líder del partido Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, planteó como cuestión previa la retirada de la citada moción de apoyo a la declaración independentista del Parlamento catalán, basándose en un informe del secretario municipal que advertía de la ilegalidad de esa iniciativa.
El pasado marzo, el fiscal ya pidió al juez imputar a Coma Roura en un escrito en el que señalaba que el concejal hizo en ese pleno "referencias directas a la comisión de actos contra la legalidad" y, tras señalar que el Parlament "se erige como único depositario de la soberanía", el edil de la CUP reclamó dejar de "supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas", en particular, la del Constitucional.
Después añadió: "desobediencia, hace tiempo que venimos reclamándolo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos..."
Además, aludió "expresamente" a la declaración de soberanía del Parlamento catalán no como "simplemente declaración de intenciones", por lo que conminó a los asistentes al pleno a que se tomaran "muy en serio la declaración".
Según dijo ya entonces el fiscal, lo que Coma hizo en ese pleno fue incitar "a impedir fuera de las vías legales la aplicación de las leyes y el cumplimiento de resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional", y pidió determinar el alcance de su llamamiento mediante la práctica de una serie de diligencias.
En concreto que se requiriera al Ayuntamiento de Vic el informe del secretario municipal sobre la ilegalidad de la moción discutida al que aludió el concejal Anglada durante el pleno, así como que se imputase a Coma por el citado delito, "sin perjuicio de que una vez esclarecidos los hechos proceda su citación", lo que ahora solicita.
Diferentes jueces de instrucción de la Audiencia Nacional abrieron investigaciones a municipios catalanes a raíz de la aprobación de mociones de este tipo y dos de ellos, Carmen Lamela y José de la Mata, archivaron sendas diligencias, concretamente las de los ayuntamientos de Premiá de Dalt y Sant Cugat del Vallés, ambos en Barcelona. Estas decisiones están aún pendientes del recurso que interpuso la Fiscalía para que lo reabrieran.
Otros magistrados, como Santiago Pedraz y Fernando Andreu, mantienen abiertas sus diligencias, en este caso por las mociones aprobadas por los plenos de Celrà (Girona) y La Seu d'Urgell (Lleida).
