El sobreseimiento provisional se pide "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron la formación de la causa", ha informado la Fiscalía. El Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir un procedimiento a la senadora del PP por un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Se investiga si en esos dos contratos pactó labores en beneficio de su imagen personal a costa del erario público.
En su escrito, la Fiscalía reconoce la dificultad de "separar la promoción institucional del prestigio personal del político" y señala que los hechos no presentan un perfil delictivo suficiente como para poder actuar contra la persona aforada. La imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.
Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.
El expresidente del PP de Cartagena (Murcia) Francisco Celdrán confirmó el pasado 5 de febrero ante el Supremo las afirmaciones que hizo la senadora Pilar Barreiro en su defensa, en el sentido de que era el partido, y no la Comunidad de Murcia, el que iba a pagar los trabajos de mejora de su imagen que se investigan en esta causa.