Las asociaciones han respondido en esos términos a la entrevista del candidato del PSOE a las elecciones generales en Radio Nacional de España, en concreto a sus alusiones a la euroorden que pesa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido desde 2017.
Sánchez ha recalcado que el Gobierno español está haciendo lo posible para que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia y ha señalado en este sentido que fue la Fiscalía la que pidió la activación de la euroorden. Como prueba de que el Ejecutivo está actuando, ha lanzado una pregunta retórica: "¿De quién depende la Fiscalía?"
Una insinuación que la Asociación de Fiscales (AF) espera sea "una lamentable confusión" que muestra sin embargo el "tremendo desconocimiento del presidente", algo que también comparte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su malestar poco después de las palabras de Sánchez y ha reivindicado la autonomía e independencia de la Fiscalía a través de su perfil de Twitter: "El Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier Gobierno y este no puede dar órdenes a la Fiscal General, que quede claro".
Igual de tajante ha sido la AF, que también "recuerda" a Sánchez en un tuit "que la Fiscalía es independiente y no cumple órdenes del Ejecutivo", sino que "solo depende de la legalidad".
Para abundar en dicha independencia, fuentes de la asociaciones recuerdan precisamente el juicio del "procés", en el que la Fiscalía "siempre defendió su independencia" al mantener la acusación por rebelión, frente a la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que -destacan- finalmente optó por acusar por sedición, delito por el que fueron condenados nueve acusados.
Según la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la Fiscalía rige "el principio de imparcialidad" por el que los fiscales actúan "con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".
Si bien el Gobierno puede "interesar" del fiscal general del Estado que "promueva ante los tribunales" actuaciones en "defensa del interés público", es el fiscal quien decide sobre la "viabilidad o procedencia" de la petición después de que se hayan pronunciado la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.
Es decir, insisten las fuentes, prevalece en todo momento la independencia de la Fiscalía, que no está sujeta "a ningún tipo de injerencias" por parte del poder político.
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