El fiscal superior, Fernando Suanzes, ha incoado diligencias y ha subrayado las graves consecuencias de los incendios, en los que murieron cuatro personas y resultaron amenazadas varias zonas habitadas, además de los daños materiales derivados de la quema de parcelas, viviendas y bienes en distintos puntos de Galicia.
El fuego afectó especialmente a las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo, con graves consecuencias para zonas de alto valor ecológico como parques naturales o reservas de la biosfera.
La Fiscalía indica en un comunicado que las diligencias abiertas son consecuencia de la gran alarma social generada por los incendios, "sin perjuicio de las investigaciones que tramiten los diversos juzgados de instrucción del territorio para determinar los autores, partícipes y demás particularidades de cada evento criminal acotado espacialmente, de su exclusiva competencia".
Sin embargo, la Fiscalía considera necesario investigar si "los numerosos incendios originados obedecen a una iniciativa criminal compleja de grupos con intencionalidad que persigan objetivos supraindividuales".
El decreto de incoación de diligencias expone en sus fundamentos de derecho que, además de las causas tradicionales de los incendios, la forma en que éstos se produjeron, los métodos utilizados, los espacios afectados y la simultaneidad en periodos temporales "hacen pensar en la posibilidad de una actuación criminal más allá de la de simples autores ocasionales con perfiles criminológicos conocidos".
Eso obliga a llevar a cabo las indagaciones necesarias para aclarar los hechos, según fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia.
El Ministerio Fiscal se dirigirá a las autoridades policiales con competencias en materia de incendios para que elaboren un informe detallado sobre los hechos descritos y también pedirá la colaboración de la Consellería de Medio Rural.
En 2006 la Fiscalía ya abrió unas diligencias similares para investigar la existencia de una trama organizada, aunque tras el exhaustivo análisis realizado no se pudo determinar entonces la existencia de una actividad criminal coordinada.
Ahora "considera necesario establecer de nuevo un diagnóstico certero ante la grave situación creada durante los últimos días, con el objetivo de despejar incógnitas y acertar en las medidas de prevención y respuesta frente a los incendios forestales", concluye.