La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no llevar el caso de los ERE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), siguiendo las instrucciones del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. De este modo, no plantearán ninguna acción que cuestione la resolución del Tribunal Constitucional (TC) ni su interpretación sobre la prevaricación y la malversación.
Los fiscales de Sevilla han acatado esta instrucción y, a pesar de su criterio inicial, han emitido un informe en el que se oponen a que la Audiencia Provincial de Sevilla plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la sentencia del TC, que anuló las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Argumentos de la Fiscalía
La decisión de los fiscales anticorrupción se basa en los siguientes puntos:
El Tribunal Constitucional no se ha excedido en su función. Sostienen que el TC ha actuado dentro de sus competencias y que anular una resolución judicial no supone un conflicto con la normativa vigente.
No existe conflicto con el derecho europeo. Consideran que las resoluciones del TC no vulneran la normativa de la Unión Europea ni afectan los intereses financieros comunitarios.
El TJUE ya reconoce la vinculación de las resoluciones del TC. Según la doctrina del TJUE, los tribunales ordinarios están obligados a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional español, por lo que no tiene sentido plantear una cuestión prejudicial.
Un caso polémico
La decisión del Tribunal Constitucional de anular varias condenas como a Chaves o Griñán, ha generado un intenso debate sobre la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación. La Audiencia Provincial de Sevilla planteó la posibilidad de acudir al TJUE para determinar si esta interpretación es compatible con la normativa europea y las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción.
Sin embargo, con el informe de los fiscales anticorrupción desaconsejando esta vía, todo apunta a que el caso se resolverá dentro del ámbito judicial español, sin la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
