La Fiscalía belga estudiará las euroórdenes contra Puigdemont y los cuatro exconsellers

"Confirmo que las hemos recibido. Estamos esperando su traducción y a continuación las estudiaremos", ha añadido el portavoz. Van Der Sijpt explicó que las órdenes tienen que ser traducidas a uno de los idiomas oficiales en Bélgica (neerlandés, francés y alemán) y que después la Fiscalía las estudiará y las transferirá a un juez de instrucción.

Esos trámites podrían ser completados "mañana o más adelante", según el portavoz. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención a los efectos de su ingreso en prisión de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica el pasado lunes y que no acudieron este jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada ha emitido sendas euroórdenes contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.

Estos instrumentos jurídicos simplifican entre los Estados miembros de la Unión Europea los procedimientos de extradición. La juez ha cursado las euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia, y también ha dictado busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.

Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido de que, tras la emisión de la orden, una eventual extradición "llevará su tiempo", ya que requiere de una serie de formalidades.

"Eso llevará un tiempo, porque la orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en la Fiscalía federal en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción", afirmó en una entrevista a la televisión neerlandesa HLN.

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, Bekaert dijo que "tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".

Si Puigdemont y sus exconsejeros cesados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero si no fuese así, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para decidir. Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.

Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir a la Justicia española el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea (UE).

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont y sus exconsejeros, imputados también por malversación en este proceso.

En caso contrario, los delitos que se atribuyen al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.