La Fiscalía ha informado de esta decisión después de que el Parlament haya aprobado una moción a favor de ejercer la autodeterminación en un pleno adelantado por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, de modo que se ha celebrado mientras el Constitucional aprobaba una resolución para anular la tramitación de esa iniciativa.
La de este martes es la cuarta advertencia en poco más de un mes por parte del Constitucional a los miembros de la Mesa por las posibles repercusiones, incluso penales, de sus acciones en el caso de que no acatasen las sentencias dictadas en relación con el "procés".
El Ejecutivo central ha ido presentando sucesivos incidentes de ejecución de esas sentencias a medida que la Mesa del Parlament iba admitiendo iniciativas de los grupos soberanistas que apostaban de nuevo por la independencia.
El Constitucional ha admitido todos esos incidentes, ha suspendido las iniciativas parlamentarias y ha avisado a los miembros de la Mesa de las consecuencias de desobedecerle.
Hasta el momento, ese tribunal no ha deducido testimonio contra los integrantes del órgano de gobierno del Parlament, pero la Fiscalía General ha decidido instar a la catalana a abrir diligencias de investigación tras lo ocurrido este martes.
Esta mañana, el Parlament de Cataluña ha aprobado una moción de la CUP en la que expresa su "voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación" después de que Torrent decidiera adelantar el pleno previsto inicialmente para la tarde.
La cuestión es que prácticamente al mismo tiempo, el pleno del Tribunal Constitucional suspendía la admisión a trámite de esa iniciativa y advertía por cuarta vez a Torrent, quien se ha mostrado dispuesto "a asumir las consecuencias" que puedan derivarse de la tramitación de iniciativas parlamentarias que puedan contravenir indicaciones del TC, pues rechaza convertir la Mesa del parlamento catalán en un "órgano censor" que vete debates.
El Parlament ha decidido no publicar el texto en su boletín oficial.