Los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía piden 19 años para el expresidente Juan Antonio Cano; 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín y 13 para Emilio Ballester por estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales.
Además, consideran autor de los dos primeros al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicitan 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados por la estafa, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal.
Mientras, señalan como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres.
Por último, reclaman dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.
Afinsa desarrolló entre 1998 y el 9 de mayo de 2006, cuando fue intervenida por orden de la Audiencia Nacional, un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" mediante el que ofrecían contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades, explican.
Sin embargo, los sellos que debían soportar el importe de la inversión tenían "un valor ínfimo" en relación con las cantidades entregadas por los clientes y las rentabilidades satisfechas no se correspondían con la revalorización de la filatelia, sino con las aportaciones de nuevos inversores.
Una "suerte de negocio piramidal" en la que se mantenía la actividad a costa de incrementar progresivamente la situación de insolvencia de la compañía, según la Fiscalía a lo largo de los 133 folios de su escrito de acusación.
Así, la "única" viabilidad del negocio consistía en "reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria" con nuevos clientes, de forma que sus aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos.
En el momento de su intervención, y "mucho antes", Afinsa se encontraba en una situación de "absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía", que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su "fraudulento negocio".
"Incluso suponiendo que Afinsa vendiera y recomprara sellos, su actividad era inviable y el negocio en sí carecía de sentido económico", subraya.
Y es que este mecanismo de financiación generaba nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad, con lo que el 9 de mayo de 2006 presentaba un patrimonio negativo de 1.928.614.000 euros.
Los acusados consiguieron perpetrar el engaño gracias a una red comercial "muy fuerte y muy bien pagada que presionaba al máximo" a los inversores para conseguir nuevas adquisiciones y renovaciones y evitar rescisiones, a lo que se unió "un enorme y costoso esfuerzo" para conseguir una fuerte presencia institucional y mediática.
El juicio por estos hechos arrancará el próximo 19 de noviembre y se prolongará como mínimo hasta el 20 de enero de 2016.
Paralelamente a la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ya calificó de culpable el concurso de la sociedad el pasado octubre y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.
