En su escrito de acusación, la Fiscalía pide que se acuerde su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito "local, autonómico, estatal o europeo".
También insta a condenarle por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, además de proponer multarle con 30.000 euros.
El Ministerio Público pide inhabilitarle durante este periodo para el ejercicio de cargos públicos electivos de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en estos ámbitos, lo que conlleva la privación definitiva de estos cargos y honores durante el tiempo de condena y la imposibilidad de obtenerlos en este tiempo.