Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, ha concedido las prórrogas solicitadas por el equipo de fiscales que investiga el patrimonio del Rey emérito en relación con las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, después de que a principios de mes ya se dilatara la otra línea abierta, relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.
Estas dos líneas de investigación caducaban en los próximos días, por lo que se estimó conveniente pedir una prórroga de las mismas, que finalmente se ha concedido por el plazo de seis meses.
En el caso de las averiguaciones sobre el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas, esta dilación de los plazos era necesaria para estudiar la última información enviada desde Suiza en respuesta a una comisión rogatoria relativa a las finanzas de Don Juan Carlos en los años posteriores a su abdicación, en 2014.
Estas investigaciones caducaban en los próximos días
Por otra parte, la otra indagación prorrogada ahora se refiere al supuesto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas bancarias en las que no figuran como titulares.
Las tercera pata de las actuaciones en torno a Don Juan Carlos que llevan a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción, acerca de la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, ya fue prorrogada.
Se trata de un caso que requiere actuar "con prudencia y siendo garantistas"
Delgado firmó un decreto por el que extendía estas indagaciones desde el 17 de diciembre hasta junio de 2022. Sin embargo, las fuentes indicadas ya han venido apuntando que la idea es no agotar los plazos, aunque tampoco actuar con la prisa que impone el calendario, ya que un caso de esta envergadura requiere actuar con prudencia, siendo garantistas y analizando toda la documentación recabada.
A finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando el Rey emérito I era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte de Don Juan Carlos por una suma que ronda los 5 millones de euros.
