La Fiscalía de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra el anterior presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, y los miembros de JxCat y ERC en la Mesa por dictaminar resoluciones para reprobar la monarquía y para ejercer el derecho a la autodeterminación.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido en su escrito a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cite como investigados a Torrent y a sus compañeros independentistas en la Mesa en la anterior legislatura, Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), por realizar un de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír los mandatos del Tribunal Constitucional.
Tal y como declara el ministerio público, el ex presidente del Parlament, así como Costa, Campdepardrós y Delgado, a pesar de las advertencias de su ilegalidad, tramitaron dos resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
Además, la Fiscalía ha interpuesto la querella ante el TSJC debido a que tanto Torrent como Capmdepadrós han vuelto a ser elegidos diputados del Parlament en los comicios celebrados el pasado 14 de febrero, por lo que mantienen su condición de aforados.
Asimismo, los fiscales José Joaquín Pérez de Gregorio y Assumpta Pujol recalcan en el escrito que fue el 10 y el 16 de octubre de 2019 cuando el TC informó personalmente a Roger Torrent y a los miembros de la Mesa ambas providencias en que les notificaba personalmente "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que supusiera "ignorar o eludir" la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.
Aún así, según relata la Fiscalía, Torrent, el que por entonces era vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el que era secretario primero, Eusebi Campdepadrós, tramitaron la resolución que presentaron JxCat, ERC y CUP el 22 de octubre de 2019. En ella el Parlament insistía "tantas veces como lo quieran los diputados" en "la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".
Por otro lado, en la misma resolución se incluía otro punto en que se exponía que el Parlament "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía".
Fue el 29 de octubre de 2019 cuando los querellados desestimaron las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición en Cataluña y llevaron a cabo la tramitación de la resolución con estos dos puntos incluidos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre. Además, también se aprobó una enmienda posterior en que "se rechazaba expresamente" la suspensión acordada por el TC.
Según el informe de la Fiscalía, todo esto se llevó a cabo "pese a conocer" que el TC había acordado suspender la admisión de esta resolución. Una vez fue aprobada la resolución por el pleno del Parlament, en enero de 2020 el Constitucional acordó estimar el incidente de ejecuciónpromovido por el Gobierno de España contra los acuerdos de la Mesa que permitieron tramitarla, por lo que quedó anulada, y dedujo testimonio contra Torrent, Costa y Campdepadrós.
Por otro lado, en julio de 2019 el Parlament aprobó una resolución previa en la que se "reiteraba la reprobación de S.M. El Rey", un texto que más adelante el Constitucional anuló, y alertó a Torrent y a los miembros de la Mesa de que tenían impedir la tramitación de iniciativas vinculadas a la hoja de ruta del procés.
En esta querella de la Fiscalía se incluye también la tramitación por pare de la Mesa de otra resolución de octubre de 2019, en este caso promovida únicamente por la CUP, en que el Parlament expresaba su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".
Por ello, a pesar de las "expresas advertencias de ilegalidad", de la oposición de los demás miembros de la Mesa y " sabiendas" de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, los querellados acordaron seguir adelante con el trámite la propuesta el 29 de octubre, desestimaron las peticiones de reconsideración y la incluyeron para el debate y deliberación del pleno del 12 de noviembre de 2019.
Finalmente, la resolución fue finalmente sometida a votación y aprobada por el pleno, aunque el 11 de febrero de 2020 el Constitucional estimó también el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, la anuló y dedujo testimonio contra Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado.
