La Fiscalía ha acusado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de hacer "inferencias" que corresponden a un juez y no a un policía en el primer informe aportado a la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo.
En el escrito, los agentes atribuyen una "participación preeminente" del Fiscal General del Estado en la filtración de los correos que denunció González Amador sobre su pacto por fraude fiscal con la Fiscalía.
Los investigadores concluyen que "desde las 21:59 (del 13 de marzo), hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas" que tienen acceso a "todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa" y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un "comunicado", sino del "periodo temporal aproximado en el que éste se publicará".
Fuentes fiscales afirman a EFE que "el informe no aporta ninguna prueba" y que "hace inferencias", y eso, consideran, "es una labor judicial, no de la policía".
El informe, además, apunta a una "primera filtración" a la prensa el día 12 de marzo en elDiario.es, "supuestamente realizada por la Fiscalía General", que "desvela que existe una investigación" por un presunto delito fiscal hasta el punto de sostener que "la prensa disponía de la denuncia contra González Amador antes que el propio interesado".
Pero las fuentes consultadas destacan que el informe "se olvida de que la denuncia la tenía el decanato de Plaza de Castilla, Hacienda y la Fiscalía Superior de Madrid".
En este sentido, sí que quieren dejar claro que "dar una denuncia no es delito" porque "si es una causa relevante con interés informativo, se hace pública la información".
