A la primera sanción impuesta en virtud de la Ley de Autopistas, de 1.200 euros, Fomento prevé sumar una segunda, de 30.000 euros, consecuencia de un segundo expediente sancionador abierto en función de la Ley de Carreteras y que confía resolver el próximo mes de septiembre.
A pesar de que en ambos casos las sanciones corresponden a las más graves de las tipificadas en ambas leyes, el monto total al que ascenderá la multa es equivalente al 0,02% de la facturación total de Castellana de Autopistas, la filial de Abertis concesionaria de las vías afectadas, que sumó 119 millones de euros en 2017.
En paralelo, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna asegura seguir aún calculando el coste de los medios humanos y materiales empleados en la actuación realiza por el Estado para resolver los problemas de la autopista con el fin de, tal como ya anunció en su día, cobrarlos a la concesionaria.
De igual forma, tampoco ha determinado las inversiones que, según se avanzó, se pedirá realizar en las autopistas. "Estas medidas están en estudio y serán analizadas con las concesionarias", indica Fomento que, no obstante, apunta que podrían conllevar la construcción de aparcamientos invernales o medianas móviles.
DOS EXPEDIENTES
Por el momento, Fomento ya ha resuelto el primero de los expedientes abiertos al grupo por los problemas de viabilidad que registró la AP-6 los días 6 y 7 de enero, en plena operación retorno de las vacaciones de Navidad, coincidiendo con un temporal de nieve.
Según el Ministerio, la resolución de este expediente, con fecha del 24 de abril, concluye que se "incumplió la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización" que recoge la Ley de Autopistas, lo que conlleva la imposición de la sanción máxima contemplada para este supuesto, un importe de 300 euros al día.
Dado que los problemas afectaron a dos vías y durante dos días, la sanción por este primer expediente se sitúa en 1.200 euros, tal como el diario 'El Mundo' avanza en su edición de este viernes.
En paralelo, Fomento sigue tramitando el segundo expediente sancionador abierto en virtud de lo fijado en la Ley de Carreteras, según el cual "se habría producido una infracción grave consistente en la negligencia en la prestación de servicios a los usuarios o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras".
El Ministerio confía que este segundo trámite esté resuelto en septiembre y que, "previsiblemente", también con la sanción máxima prevista en la ley, de 30.000 euros (15.000 euros por cada vía).