Parcialidad, falta de respeto institucional, arbitrariedad. Son algunas de las acusaciones del escrito de queja que el Partido Popular ha presentado ante la Mesa del Congreso con el fin de que se adopten las medidas pertinentes para que no se produzcan a partir de ahora. En el escrito firmado por su portavoz, Miguel Tellado, hace hincapié en señalar que desde el mismo momento de su nombramiento, Francina Armengol se ha comportado fuera de los parámetros que deben guiar la actitud de la tercera autoridad del estado.
Lo que más ha indignado a los populares en estos meses de legislatura es la complicidad mostrada por la presidenta del Congreso con los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, Sumar e independentistas, que no sólo han insultado a numerosos jueces, sino que les han acusado del delito de prevaricación, sin que Armengol les haya llamado al orden como determina el reglamento del Congreso. Incluso, afirman los populares, ha impedido que se pudieran denunciar esas prácticas, no concediendo o retirando la palabra a los diputados que lo solicitaban. Piden por ello que se eliminen del diario de sesiones todas las ofensas que se han podido producir contra otro poder del estado.
En el documento elaborado por la dirección popular se recuerda como la presidenta del Congreso permitió el uso de las lenguas cooficiales, tras el pacto del PSOE con Junts para su elección in extremis, sin que se hubiera modificado el reglamento de la cámara, o cómo decidió, sin estar presupuestado, el gasto necesario para la contratación de traductores al catalán, euskera o gallego.
Denuncian como en los discursos institucionales que le han correspondido pronunciar durante su mandato ha roto la imparcialidad debida y ha hecho afirmaciones partidistas. Tanto es así que desde la bancada de PP y Vox no se aplaudieron sus palabras en las que apoyaba abiertamente las decisiones del gobierno de coalición durante la celebración de la solemne apertura de las Cortes delante del rey. También el discurso pronunciado el día de la Constitución fue controvertido, aunque en esa ocasión sí recibió unos protocolarios aplausos.
Los plazos diferentes para las dos investiduras, con una paralización total de la actividad parlamentaria, o la designación de Fernando Galindo, que había estado trabajando como cargo político en el Ministerio de Administración Territorial, como letrado mayor del Congreso, son otras de las cuestiones planteadas por los populares en su solicitud de amparo para que se recupere el decoro y la neutralidad en la Cámara Baja. Afirman que las cortes deben representar el pluralismo político del país y evitar la confrontación dialéctica más allá de lo tradicionalmente admitido.
