Gallardón niega el cobro de comisiones y defiende la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II

Tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional, el expresidente madrileño ha defendido ante los periodistas "la legalidad y la prudencia" con la que se llevó a cabo la operativa, que contó con "todos los informes jurídicos favorables".

Fue, a juicio de Gallardón, "una adquisición que se hizo con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución y los madrileños", y "el tiempo ha demostrado que fue una buena decisión por parte del Canal".

Además, según han informado fuentes jurídicas, Gallardón ha querido dejar claro a la fiscal Ana Cuenca que "jamás" ha cobrado comisiones por esta u otra operativa ni tiene cuentas en el extranjero y ha confesado que le duele que le plantee esa cuestión aunque entiende que debe hacerlo.

Ha ido más allá Gallardón y, sin citar su nombre, se ha desmarcado categóricamente del también expresidente madrileño y principal investigado en Lezo, Ignacio González, de su gestión y de la de otros gobiernos de la Comunidad, algo que, ha dicho, no iba a entrar a valorar.

El exministro ha seguido la tónica general de algunos de sus exconsejeros que ya han declarado ante el juez Manuel García Castellón y se ha desvinculado de los aspectos técnicos de la operación, que ha defendido "al margen de los instrumentos y vehículos utilizados".

Aunque no era una decisión que le correspondía tomar, ha dicho, el exministro ha justificado que la compra se realizase a través de una sociedad panameña y ha defendido la labor de los técnicos del Canal, que ya explicaron ante el juez "con convicción" que fue una exigencia de los vendedores para que la operativa saliese adelante.

Ha precisado que él nunca entró en los detalles de la operativa porque eso era competencia de los técnicos y ha argumentado que la forma de adquirir la empresa contaba con informes técnicos y jurídicos favorables, que él nunca puso en duda, y contó con el visto bueno del Consejo de Administración del Canal.

Es precisamente esa forma de adquirir la mercantil colombiana lo que está en el punto de mira del juez, que cree que, aparte de existir una "sobrevaloración claramente perjudicial" en la operación, ésta se realizó a través de una "compleja estructura societaria" que contravino de "plano" los acuerdos del Consejo de

Administración del Canal y de la Comunidad. Pero, a ojos de Gallardón, la operación se realizó en todo momento de acuerdo a la Ley y salió adelante con el visto bueno del Consejo de Administración, del que no solo formaban parte representantes del Gobierno, sino también del PSOE, de las centrales sindicales, de la patronal y de los distintos ayuntamientos, lo que "garantizaba una gestión profesional plural y sobre todo transparente".

"En ese ámbito y espíritu de transparencia es donde se adoptó esa decisión de inversión para la gestión del agua de Barranquilla (Colombia), cuyos resultados han sido positivos para el Canal", ha precisado.

Por ello, el exministro espera que se acabe certificando "no solo que las cosas se hicieron bien sino que se hicieron de acuerdo a la ley".