No se mueve un ápice. Álvaro García Ortiz se ha reafirmado al frente de la Fiscalía General del Estado después de su imputación. La carrera fiscal ha reaccionado con división, lógicamente influenciada por la tendencia de cada uno. Así, hoy ha obtenido diferentes impresiones tras convocar la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la carrera) y al Consejo Fiscal (principal órgano asesor) para explicar por qué no piensa dimitir, el día después de que el Supremo abriese causa contra él por un posible caso de revelación de secretos en la causa del fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Primero ha tenido lugar la Junta de Fiscales de Sala. En ella una mayoría de fiscales progresistas. Una decena de voces exigiendo su dimisión, la mitad de los que han tomado la palabra, frente a otra decena que le ha mostrado su apoyo y otro bloque que no ha participado o tomado la palabra.
Por la tarde turno del Consejo Fiscal. Ahí, una mayoría de vocales ha pedido su dimisión. Una mayoría que coincide con los vocales de Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Todo lo contrario de lo argumentado por los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que plantean que la dimisión "sería un acto de irresponsabilidad que contribuiría al debilitamiento de los cimientos de esta institución". "Querer desbancarlo a él por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto", han añadido.
El fiscal general del Estado, se ha mantenido firme en su decisión tras el respaldo mayoritario de la cúpula fiscal para que siga en el cargo. En ambas ceremonias ha defendido su actuación, ha estimado que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad en el cargo y ha añadido que, en todo caso, el tribunal tiene que probar ahora su culpabilidad.
Evidente división
García Ortiz confiaba en lograr más apoyos de los recibidos en la Junta, a la que han asistido 30 de 35 miembros. Así, aquellos fiscales que han accedido al máximo escalafón de la carrera con él o con su antecesora, Dolores Delgado, han sido los principales en apoyarle. Entre ellos, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, y el fiscal jefe del Constitucional, Pedro Crespo.
Después, un grupo de fiscales de sala que se mantiene enfrentado a García Ortiz por su decisión sobre la amnistía y ciertos nombramientos, que son también los más veteranos de la Junta, han reclamado que dimita por el bien de la institución. Algunas fuentes hablan de que ha recibido ligeramente más apoyos que críticas, pero otras, en cambio, inclinan la balanza hacia un mayor número de peticiones de dimisión.
Luego está un grupo más reducido que, sin manifestar explícitamente que no debe continuar en el cargo, sí ha alertado de las consecuencias que eso implica para la institución.
"Él sabe que la situación es difícil y es plenamente consciente de ello, pero está tranquilo y convencido de su decisión", señala una fuente. Una prueba de ello es que ha convocado al Consejo Fiscal para un nuevo encuentro en diciembre, lo que los vocales entienden como un "gesto firme" de que pretende seguir al frente de la institución al margen de como discurra ahora la investigación en el Supremo.
