El magistrado Manuel García-Castellón de la Audiencia Nacional dirigirá el proceso iniciado por la Fiscalía Europea en torno a los contratos de suministro de mascarillas en Canarias y Baleares, dentro del caso Koldo. Este juez, conocido por liderar la instrucción del caso Tsunami que derivó en la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, ha sido designado como juez de garantías para el caso.
La designación se realizó a través del turno de reparto de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas. Cabe destacar que García-Castellón asumirá temporalmente la supervisión de la investigación en lugar del juez de refuerzo de su Juzgado, Joaquín Gadea, quien, según las normas de reparto, debería ocuparse de los nuevos procedimientos que ingresan al juzgado.
Se espera que, una vez que Joaquín Gadea regrese de su permiso, retomará la supervisión de la investigación de la Fiscalía Europea, que podría tener una duración limitada hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida su continuidad como magistrado en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación sobre las compras de material sanitario realizadas por los Servicios de Salud de las Islas Canarias y Baleares durante la pandemia, con montos de aproximadamente 12 millones de euros y 3.7 millones de euros, respectivamente. La pesquisa se enfoca en posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias relacionados con contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, central en la trama del caso Koldo.
La Fiscalía Europea emprendió la investigación tras recibir una denuncia de un particular y llevó a cabo diversas acciones, como recopilar información de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado Central número 2 que instruye el caso Koldo, y organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
El juez de garantías tiene un papel testimonial y solo interviene en caso de medidas restrictivas de derechos fundamentales, presentación de recursos contra decretos del Fiscal Europeo delegado, y puede decidir sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. En España, la Audiencia Nacional asume la supervisión de las investigaciones de la Fiscalía Europea designando un juez de garantías.
