Casi veinte días después de que 15 diputados socialistas desobedecieran el mandato del Comité Federal del PSOE y votaran en contra de la investidura de Rajoy, la gestora que preside Javier Fernández se reúne para decidir qué medidas adopta contra ellos y si les abre expediente de expulsión.
Los Estatutos del PSOE consideran falta "muy grave" la "actuación (de un afiliado) en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido". Para ese caso, el Reglamento de Afiliados recoge sanciones como la suspensión de militancia de entre 18 meses y tres años, la inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o cargos públicos dependientes del PSOE por el mismo período y la expulsión del partido.
El pasado lunes, el presidente de la gestora, Javier Fernández, dijo en rueda de prensa que la actuación de los diputados díscolos le parecía "muy grave", si bien él mismo se encargó hace semanas de dejar claro que no estaba en su cabeza "expulsar a nadie".
En todo caso, las medidas disciplinarias que podría impulsar la gestora afectarían solo a seis de los quince 'díscolos': los dos diputados por Baleares Sofía Hernanz y Pere Joan Pons, el vasco Odón Elorza, la aragonesa Susana Sumelzo, la gallega Rocío de Frutos y la castellanoleonesa María Luz Martínez Seijo.
Ninguno de ellos tiene cargo orgánico, a excepción de Martínez Seijo, que es la secretaria de Acción Política y Ciudadanía del PSOE de Castilla y León. Sobre los otros nueve, la gestora no puede imponer el procedimiento estatutario al no estar afiliados al PSOE.
Estos son los siete diputados del PSC -Meritxell Batet, Manuel Cruz, Lídia Guinart, José Zaragoza, Mercé Perea, Marc Lamuà y Joan Ruiz-, de cuyo caso se encargará una comisión con representantes de los dos partidos que todavía no se ha creado, y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera.
La jueza y la excomandante han dado por hecho en las últimas horas que su castigo será ser apartadas de sus cargos en el grupo como presidenta de la Comisión de Justicia, en el caso de Robles, y como vicepresidenta de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y portavoz adjunta de Defensa, en el de Cantera.
También la que fuera cabeza de lista por Barcelona, Meritxell Batet, y la balear Sofía Hernanz serían expulsadas de la dirección del grupo, del que Batet es portavoz adjunta y Hernanz, portavoz sustituta, mientras que la aragonesa Susana Sumelzo sería destituida como portavoz de Cooperación Internacional.
Precisamente, este miércoles el catalán José Zaragoza y el balear Pere Joan Pons se convertían en los primeros damnificados, al ser sustituidos en la presidencia y portavocía de la Comisión Mixta para la UE por los afines a la gestora Soraya Rodríguez y Eduardo Madina.
Tras esos cambios, los críticos con el órgano que preside Javier Fernández redoblaron sus esfuerzos para pedir que éste no lleve a cabo una "purga" que, a su juicio, agravaría más la división en el partido. "Lo que vaya más allá de la sanción económica será mobbing y purga", sostenía una de las afectadas, que aludía así a la sanción económica que también tiene pendiente imponerles el grupo parlamentario.
