Es la respuesta, por escrito, del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria de la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, quien el pasado mayo pidió al Gobierno que explicara por qué había solicitado informes sobre los presos etarras.
Según explica el Ejecutivo, el pasado 23 de febrero (con el Gobierno del PP) se envió un correo a los directores de los centros penitenciarios para saber qué presos etarras habían pedido progresión de grado, permisos o destinos, los que habían participado en programas de tratamiento y actividades o los que habían solicitado actualización y notificación de los programas individualizados de tratamiento (PIT).
Se preguntaba también por cualquier indicio que apuntara a que el preso aceptaba las vías legales facilitadoras de su reinserción. El Gobierno sostiene que la información solicitada "forma parte de la actividad de gestión habitual y normalizada que se recaba y contrasta para disponer de un conocimiento individualizado de todos los internos que están incluidos" en el FIES, no solo de los internos de la banda terrorista ETA.
La citada información, que ya ha sido recibida, se analiza y se contrasta y sobre ella "se adoptan aquellas decisiones de la Administración Penitenciaria que conforman el modelo de cumplimento de la condena" previsto en el ordenamiento penitenciario. Y todo ello "dentro del modelo individualizado de ejecución penal" que prevé la Ley Orgánica General Penitenciaria, asegura el Gobierno, quien precisa que se pidió datos de todos los internos de ETA.
Apunta además que no se ha actuado con "urgencia" y explica que fijar una fecha concreta para recibir la información "es una forma de proceder habitual en la gestión penitenciaria", que intenta que los informes que se solicitan no se demoren y pierdan vigencia y actualidad.
El Gobierno insiste en que solicitar informes a los directores de prisiones "es algo habitual y normalizado" y está regulado tanto en la norma que regula el FIES como en distintas circulares e instrucciones de la administración penitenciaria. Rebate así las dudas mostradas por el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, ya que, asegura, actualizar ese fichero con los datos de las prisiones es una obligación y no cumplirla "sería una irresponsabilidad de la Institución penitenciaria".
