El Gobierno afronta hoy con incertidumbre la votación en el Congreso sobre los objetivos de déficit

La votación se producirá bajo la incertidumbre de los apoyos a la nueva senda de estabilidad presupuestaria planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para su aprobación se requieren más votos a favor que en contra y, en la víspera de la votación, los 84 diputados del Grupo Socialista sólo tienen amarrados los votos de los cinco diputados del PNV.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subirá a la tribuna del Salón de Plenos para defender el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, conocido como techo de gasto, que se eleva un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, y supone el primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2019.

Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios de cara a la votación de la senda de estabilidad de este viernes, si bien aseguró que el Ejecutivo presentará en tiempo un proyecto presupuestario para 2019 con la senda que plantea o con la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.

Tanto el PP como Ciudadanos han adelantado su voto negativo. Entre ambos suman 166 votos y también estaban este jueves en el 'No' los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de Foro Asturias, ambos socios electorales del PP en sus respectivas comunidades.

Fuentes parlamentarias han informado a Europa Press de que Hacienda ha mantenido contactos con estas dos formaciones del Grupo Mixto pero, de momento, no ha logrado convencerlas de que viren a la abstención. También tienen previsto rechazar el acuerdo los dos diputados de Bildu y la representante de Coalición Canaria. Con lo que, a última hora del jueves, los 'noes' suman 172 votos.

Compromís, que gobierna en coalición con el PSOE en la Comunidad Valenciana, se sitúa en la abstención, en coherencia con la posición que mantuvo la comunidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asimismo tiene previsto abstenerse el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, aunque no ha cerrado del todo la puerta al 'sí'.

Así las cosas, todo dependerá de lo que hagan Podemos, sus confluencias y los cinco diputados de IU que no están en ninguna de las coaliciones territoriales.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que el líder de IU, Alberto Garzón, ha negociado directamente con Hacienda pero, como sus compañeros de grupo, tampoco ha desvelado cuál será el sentido de su voto. En total el grupo confederal cuenta con 67 escaños que, si se decantaran por el 'sí', subirían los votos afirmativos a 156.

En ese caso sería crucial la posición de los independentistas catalanes de ERC (9 diputados) y el PDeCAT (que tiene ocho escaños pero este vierners sólo contará con siete diputados puesto que Antoni Postius se ausentará para asistir al Pleno del Ayunamiento de Lleida, donde es concejal).

Desde el PDeCAT ya avisaron este miércoles al Gobierno de que su apoyo no sería "gratis" y le sugirieron la posibilidad de cambiar la Ley de Estabilidad para evitar que, como ocurre ahora, el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pueda tumbar el acuerdo sobre la senda de déficit.

El Gobierno no se ha cerrado a esa opción. El voto de los independentistas catalanes depende del resultado de las conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat y, en el caso de que den sus frutos y apuesten por el 'sí' los votos a favor podría llegar a los 172.

En caso de que hubiera un empate, habría que votar de nuevo y si éste persistiese, la Presidencia suspendería la votación por el plazo que estimase razonable, antes de un tercer intento. Si vuelve a haber empate, el acuerdo decaerá.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.

Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.

En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a la finalización del pasado Consejo de Ministros que, en caso de no encontrar apoyos suficientes, no habría "posibilidad de plan B".

Así, explicó que entraría en vigor la senda de reducción de déficit público aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, que preveía un desfase del 1,3% del PIB para 2019, cinco décimas inferior al establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Montero, las grandes afectadas por esta situación serían las comunidades autónomas y la Seguridad Social, ya que, según dijo, en el Gobierno han sido "generosos en la distribución de los objetivos y el Estado no se ha reservado para sí todo el margen, sólo una décima".

"O se está a favor de tener 6.000 millones de euros más que nos autoriza Europa, o no. Tampoco hay mucho más que discutir", afirmó Montero, quien aclaró que las Cortes deben pronunciarse sobre los objetivos de estabilidad, pero no sobre el techo de gasto, con lo que, aunque se rechacen los nuevos objetivos en el Parlamento, el techo de gasto sería "prácticamente el mismo" al aprobado.

Además, esta semana ha advertido de que si las Cortes rechazan la nueva senda de déficit estas cuentas tendrán que incluir un "ajuste" de los ingresos tributarios, que podría sustentarse con la subida de impuestos que contempla en materia del Impuesto de Sociedades, medioambiental (diésel) o a la banca, y que en principio no afectará ni a ciudadanos, ni a pymes ni a autónomos.

La nueva senda presupuestaria del Ejecutivo socialista contempla un déficit del 1,8% para 2019, distribuido entre el Estado (0,4%), comunidades autónomas (0,3%) y la Seguridad Social (1,1%); mientras que para 2020 augura un desajuste del 1,1% del PIB, procedente de una décima del Estado, otra de las CCAA y nueve décimas de la Seguridad Social.

Para 2021 solo contempla cuatro décimas de déficit público, en su totalidad procedentes de la Seguridad Social, ya que el resto de administraciones presentarán estabilidad presupuestaria y superávits. De hecho, las corporaciones locales registrarán superávits en todos los ejercicios.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, el Gobierno pronostica un nivel del 96,1% del PIB para 2019, y que descienda al 94,1% en 2020 y al 91,5% en el ejercicio 2021.