En su primera comparecencia a petición propia en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, Celaá ha confirmado además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere revertir el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy. El decreto que mantenía vigentes medidas como la posibilidad de elevación de las ratios de alumnos por aula hasta un 20%, el incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en educación infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas y el aumento del plazo de sustitución de profesores hasta los diez días.
En su comparecencia, la nueva titular de Educación ha expuesto los "principios rectores" de su "proyecto" al frente del Ministerio apelando al "diálogo abierto" y a la "colaboración" con los grupos de la oposición. "Nadie tiene la solución completa, y más en la educación. El Gobierno no las tiene todas, pero entre todos y todas podemos reunirlas", ha afirmado ante los portavoces de Educación de los grupos parlamentarios.
"La educación es la prioridad más sustantiva y central", ha afirmado Celaá defendiendo la escuela pública como eje vertebrador del sistema" para anunciar la derogación del artículo 109.2 de la LOMCE, "un eufemismo", según la ministra, "que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada".
El artículo 109.2 permite que la programación de la oferta de plazas escolares se establezca por "demanda social", algo que ha permitido, según apuntan desde el Ministerio, a que en algunos casos la escuela concertada haya tenido preeminencia sobre la pública, como en los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades. "La concertada será complementaria de las necesidades de escolarización", ha detallado Celaá.
Del mismo modo, la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha adelantado que abrirá un "tiempo de diálogo" con los centros concertados de educación diferenciada, que separan físicamente a niños y niñas y contravienen, en opinión de la ministra, "los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación", para intentar "acordar" un modelo educativo "igualitario" con este tipo de centros.
El Gobierno derogará además los itinerarios "segregadores", como los ha calificado Celaá, a partir de los 13 años que establecía la LOMCE y que, según la ministra, "condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento". Asimismo, se eliminarán las reválidas que incluyó la denominada 'Ley Wert' y se recuperarán los Programas de Diversificiación Curricular para apoyar a los alumnados con más dificultades de rendimiento.
Además, Celaá se ha comprometido a recuperar "la participación de la comunidad educativa" en los Consejos Escolares y su "papel decisorio" en los centros tras la reforma de los artículos 122, 127 y 135 de la LOMCE, que también cambiará la forma de elegir a los directores de los centros públicos, según ha asegurado la ministra, que ha confirmado que la asignatura de religión dejará de contar para la nota media.
"Anuncio que la religión no será computable con efectos académicos", ha dicho Celaá al principio de su comparecencia asegurando que no tendrá ninguna alternativa en forma de "asignatura espejo", y confirmando la creación de la asignatura de valores éticos y cívicos centrada en "los derechos humanos" y las "virtudes civico-democráticas" como existe desde hace tiempo, según la ministra, en otros países europeos.
En una hora de comparecencia, la ministra ha dedicado tiempo a la Educación Infantil, que considera otra "prioridad" del Gobierno. "Para conseguir un sistema equitativo debemos comenzar como los equipos de fútbol, asegurando un buen arranque de juego desde atrás", ha dicho utilizando un símil futbolístico antes de anunciar el Programa de Cooperación Territorial con las comunidades autónomas dirigido a familias con las rentas más bajas para hacer más accesible la primera etapa educativa.
En cuanto a ayudas, Celaá ha adelantado que convocará el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio, con participación de representantes de la comunidad educativa, para "revisar el modelo" de becas y "hacerlo más justo y equitativo". Además, el Gobierno emprenderá medidas contra el abandono educativo, según ha asegurado, como facilitar la compatibilidad del empleo y la formación para los jóvenes.
La también ministra de Formación Profesional ha calificado estos estudios como "motor del cambio de modelo productivo" y ha mostrado la predisposición del Gobierno a "modernizar" la FP con la participación de agentes sociales, empresarios y sindicatos y el diseño de una Ley de Formación Profesional.
