El Gobierno aumentó su control a la Generalitat tras detectar un desvío de 6.150 €
El Gobierno ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros, que podrían estar destinados a la preparación delreferéndum del 1 de octubre, según han confirmado a fuentes del Ejecutivo.
Una partida, con cargo al programa "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que, de momento, no se le han facilitado.
Así las cosas, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalán.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió el martes una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.
La carta, a la que ha tenido acceso, explica que, a la vista de las circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, se consideraba necesaria la remisión por parte de la comunidad de información y documentación adicional, para lo que se daba un plazo de 48 horas.
Se pedía, así, un informe específico de la Intervención General pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por ese órgano en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa 132 de los presupuestos generales de la Comunidad de este año y sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas.
También se reclamaban los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al citado programa y los que se vayan recibiendo para el ejercicio de la función interventora, y se solicitaba que se enviara información sobre el sentido de la fiscalización y evolución del expediente.
Igualmente, Hacienda exigía que se le remitiesen, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a función interventora, los expedientes desde que se practique su anotación contable en cualquiera de las fases presupuestarias relativas a los mismos, así como en el caso de que se haya procedido a su registro no presupuestario. En este caso, el plazo dado era de tres días hábiles.
Hacienda quería asimismo los expedientes completos de gasto relativos a cualquier otro programa del que se tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso refrendario.
Y toda la información de la que se tenga conocimiento en orden al planteamiento de consultas dirigidas a esa Intervención General con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.
Desde finales de 2015 Cataluña tiene una serie de condiciones adicionales para el acceso al reparto de recursos del Fondo de Financiación y, en concreto, se prevé una certificación mensual, con la remisión de determinados datos de carácter económico-financiero.
Además, se requiere la constancia por parte de la Intervención General de que la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento, en su calidad de centro responsable del control interno y financiero, así como centro gestor de la contabilidad de la Comunidad, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente.
Fue precisamente en la última certificación, remitida el 13 de julio, cuando se detectó el desvío de 6.150 euros.
En ella, la Generalitat certifica que a finales de junio se han reconocido obligaciones en el programa "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales" por importe de 19.370 euros y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros, lo que se traduce en un desvío de 6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente.