El grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza' por los detractores de la modificación que realizó el PP cuando tenía mayoría absoluta, en 2015.
El Gobierno incluyó una reforma de esta norma en el Plan de Acción por la Democracia que aprobó hace dos semanas el Consejo de Ministros, pero Bildu había pedido ir más allá de lo esbozado por el Ejecutivo en ese documento.
En la anterior legislatura ya se hizo un intento de revertir los aspectos más lesivos de la 'ley mordaza' en el Congreso. De hecho la ponencia encargada de esa revisión llegó a aprobar un informe, pero acabó encallando en la Comisión de Interior por la negativa de Bildu y ERC a apoyarlo al considerlo insuficiente.
Los puntos claves del acuerdo Gobierno-Bildu para la ley mordaza
El acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno se basa principalmente en los siguientes cuatro puntos: faltas de respeto a la autoridad, desobediencia, pelotas de goma y devoluciones en frontera.
Faltas de respeto a la autoridad
El pacto afirma que se acaba con "sanciones injustificables o basadas en interpretaciones subjetivas", así blindar la libertad de expresión y cancelarla "en caso de que la persona acusada se retracte".
Para ello, se modifica el apartado 4 del artículo 37 de infracciones leves, que queda así: "Los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Para entender cometida la infracción deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones.
Desobediencia
La infracción pasará de tener carácter grave a leve. El acuerdo asegura que la desobediencia ahora debe ser "manifiesta, clara y objetivable" y que solo será sancionable "cuando esté ajustada a una orden legal".
Así, se añade el apartado 20 al artículo 37, que queda así:
"La desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal.
La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal. La negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".
Pelotas de goma
El pacto busca acabar con el uso de las balas de goma y sustituirlas por "medios menos lesivos". En este punto también se añade una disposición adicional nueva:
"Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos".
Devoluciones en frontera
El pacto se compromete a que en un plazo de seis se abordará el cambio en la ley de extranjería, añadiendo la siguiente disposición nueva adicional:
"En el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se procederá a la
modificación, con detenimiento, estudio y rigor, de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
La nueva disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario.
En consecuencia, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".
Nueva ley orgánica
Por último, en el pacto se concluye que todos los aspectos ya acordados y aprobados en la anterior legislatura, sumados a los nuevos ya mencionados, conformarán una nueva ley orgánica llamada 'Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana'.
