El Gobierno cede hoy a las CCAA la regulación de firmas como Uber en plena guerra con el taxi
El Consejo de Ministros aprobará este viernes abrir la puerta a que las comunidades autónomas y los ayuntamientos asuman la gestión y regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios.
La medida supondrá un nuevo hito en la 'guerra' abierta desde hace años entre este nuevo modo de transporte urbano surgido al calor de las nuevas tecnologías y el tradicional sector del taxi.
La iniciativa ha sido demandada y aplaudida por los taxistas, pero el gremio considera excesivo el plazo de varios años que, según fuentes del sector, el texto dará a las regiones para adecuar su normativa a la regulación de las VTC. Este plazo o moratoria superaría el máximo de tres años que el taxi considera razonable para que sea efectiva.
De su lado, las VTC rechazan de plano la medida al considerar que conllevará restricciones a su actividad mediante la obligación de solicitar segundas licencias para operar en determinadas ciudades, como la que Barcelona quiso articular el pasado verano.
Asimismo, tampoco cuenta con el beneplácito de todas las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PP, que estiman que sólo supondrá traspasar un problema o "multiplicarlo por 17". Por su parte, el Ministerio de Fomento considera razonable que, como transporte urbano, las VTC sean gestionadas por las administraciones autonómicas y locales al igual que el taxi y el resto de los transportes públicos de sus territorios.
También apunta que la medida, anunciada por el titular del Departamento, José Luis Ábalos, en medio de los paros que los taxistas de las principales ciudades secundaron a comienzos de agosto, será de carácter voluntario para los gobiernos autonómicos, además de articular el referido "periodo de adaptación" de varios años.
Por contra, y según las mismas fuentes, norma no contempla expropiaciones de licencias, pero introducirá una nueva tipificación de sanción de carácter muy grave por la que se retirará la autorización a un VTC o un taxi cuando acumulen un determinado número de infracciones graves.
La nueva medida que el Gobierno aprueba hoy mediante Real Decreto Ley se suma a las articuladas por los dos anteriores gobiernos, ambos del PP, en su afán de facilitar la coexistencia del taxi y los VTC. El conflicto entre los dos sectores surge de la expansión del número de licencias de VTC por encima de la proporción que la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT) establece para dar autorizaciones a estos transportes, que fija conceder una a VTC por cada treinta del taxi.
No obstante, según datos de Fomento, a cierre de agosto existían en España 11.200 VTC, volumen que quintuplica el máximo de 2.184 que debería tener por ley en función de los 65.539 coches que suma el taxi, y que arroja un ratio de una licencia de VTC por cada seis taxis.
Esta proporción es aún menor, de uno a tres, en Madrid, la ciudad que más coches como Uber y Cabify tiene, con unos 5.280. Además, se estrechará aún más en los próximos años por las 9.000 autorizaciones que aún están pendientes de conceder los tribunales.
A su vez, este aluvión de licencias VTC por vía judicial es fruto del vacío legal que el sector registró entre 2009, cuando el entonces Gobierno del PSOE lo liberalizó, y 2015, cuanto el posterior Ejecutivo del PP efectivamente volvió a regularlo con la imposición del uno a treinta.