El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de este punto abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por Mariano Rajoy.
Dicho acuerdo está encaminado a "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto" para esa consulta "ilegal" sobre la independencia, ha dicho el también ministro de Educación antes de resaltar que se persigue, así, "garantizar el buen fin de los dineros públicos".
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúen con la voluntad de celebrarlo, lo que genera "un riesgo para el interés general" e "incertidumbre económica".
Así que, como medida preventiva, aunque de entrada en vigor inmediata, ha apuntado el ministro, el Gobierno exigirá a la Generalitat la remisión semanal de certificados individuales a una serie de cargos. Serán los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Según señala el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen dichos cargos, y si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes. Asimismo, si se incumplen los requerimientos, el Gobierno aplicará "lo previsto" en el acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos del 15 de noviembre de 2015, el cual condiciona el desembolso del FLA.
Cataluña ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros; este año, la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones. Los "acontecimientos de las últimas semanas" en Cataluña han motivado en gran medida este acuerdo del Gobierno, ha reconocido Méndez de Vigo.