La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidirá este miércoles en Tenerife la reunión de la Conferencia Sectorial del ramo, donde expondrá a las comunidades autónomas la modificación de la Ley de extranjería pactada entre el Ejecutivo y Coalición Canaria para que los traslados de menores migrantes no acompañados entre territorios sean obligatorios, una vez se cumplan ciertos parámetros.
Rego aseguró que espera recabar el apoyo de todas las autonomías en un tema que "afecta a los derechos de niños y niñas que llegan solos a España, muchos de ellos de corta edad". Con todo, este punto tendrá carácter informativo y no se someterá a votación.
Según la ministra, se decidió convocar a los consejeros y consejeras en Tenerife para que "vean in situ" la situación que se vive en Canarias.
De hecho, Rego visitará un centro donde se atiende a estos menores antes de iniciar la reunión, prevista para las 17.00 horas (18 horas en la península).
A su juicio, se trata de una cuestión de "solidaridad y de justicia", por lo que reclamó al PP y a todos los grupos parlamentarios que apoyen la iniciativa legal que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso dentro de unas semanas.
Su objetivo es modificar el artículo 35 de la Ley de extranjería y ello precisa el respaldo del PP, indicó, puesto que Junts también se opone a la iniciativa.
La pretensión de los nacionalistas, que reclaman las competencias en inmigración para la Generalitat, es que Cataluña quede fuera del reparto.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declaró que esta exigencia "no es asumible" y afirmó que la reforma legal incluye a todas las comunidades.
El reparto
Los criterios para la distribución de menores migrantes que propone el Gobierno son los mismos que los ya acordados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022, que no llegaron a cumplirse.
Entonces se estableció que el 25% de las plazas se repartirían en proporción a la población total de cada comunidad autónoma y que otro 25% dependerían de la mejor situación económica y laboral (un 12,5% según la renta per cápita y otro 12,5% según la tasa de paro). Para el 45% se tendrían en cuenta aquellos territorios que en el semestre anterior tuvieran acogidos menos migrantes menores de edad (respecto a su población), y el 5% restante variaría en función de la dispersión poblacional recogida en el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la actualidad, las competencias de infancia dependen en exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que estos repartos tenían carácter voluntario.
El 40% de las plazas que debían cubrirse mediante este sistema en 2022 aún no han sido ocupadas, y en 2023, solo se efectuaron el 15% de los traslados previstos. Desde el Gobierno central aseguran que los fondos sí fueron transferidos.
Por ello, fuentes de Moncloa defienden "regular" por ley y que el criterio de reparto de menores migrantes entre comunidades sea vinculante. "Constatamos que ha fallado el criterio de solidaridad", sostienen.
Las mismas fuentes afirman que el nuevo modelo debería ir en la línea que marcó Bruselas mediante el Pacto de Inmigración y Asilo, basado en "la solidaridad flexible".
Hoy en día, el sistema de protección de Canarias acoge a unos 6.000 menores no acompañados, mientras que en el conjunto de España se presta atención a unos 14.000. "Estamos hablando de una distribución de 3.000 migrantes en un año. No es ningún drama", señalan fuentes gubernamentales.
Desde el Ejecutivo apuestan por sacar adelante la norma mediante una proposición de ley. De momento, el PP no ha confirmado su posición respecto a esta norma. Los gobernantes en Canarias, Ceuta y Melilla la respaldan, pero otros dirigentes se han mostrado críticos.
Desde Vox aseguraron que dejarán caer los cinco ejecutivos autonómicos que comparten con la formación de Núñez Feijoo, que afirma no tener en cuenta tales amenazas.
