El Gobierno considera que España es un país aventajado en la UE en la lucha contra la corrupción y asegura que en caso de que prosperara la propuesta de Bruselas que plantea una pena máxima por malversación superior a la ley española, los cambios serían mínimos para armonizar la legislación.
La Comisión Europea propuso este miércoles que los delitos de malversación en toda la UE sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo máximo superior a algunos tipos en el Código Penal español recientemente reformado con un acuerdo entre el PSOE y ERC.
Una primera propuesta a la que le queda "un largo camino"
Esa reforma contempla para ciertos casos penas por malversación de uno a cuatro años, como por ejemplo los dirigentes catalanes que convocaron el referéndum independentista de octubre del 2017, y de aprobarse sin cambios la propuesta de Bruselas, la pena máxima no podría ser inferior a cinco años.
Fuentes del Gobierno han señalado a Efe que lo que se ha conocido este miércoles es una primera propuesta que tiene ahora un largo camino para pasar por las diversas instituciones comunitarias y que puede ser modificada.
Recalcan que el objetivo de la UE es armonizar la legislación de todos los países en la lucha contra la corrupción, y que en ese ámbito España tiene una posición de ventaja respecto a muchos otros socios.
¿Tiene cabida la propuesta de Bruselas en la reforma del Gobierno?
En concreto, recuerdan que España tiene en su Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, un tipo penal del que afirman que carecen 17 países de la UE.
Señalan asimismo que en la propuesta de directiva tiene cabida la reforma en la que se distingue entre la malversación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.
Por tanto, el Gobierno enmarca dentro de la normalidad que pueda haber armonizaciones para igualar la legislación entre los diversos países, lo que provoca inevitablemente cambios.
Pero en el caso de España insisten en que si hubiera que hacer algún ajuste sería mínimo y reiteran que el Código Penal español castiga casi todas las conductas que propone la nueva regulación europea.
