Calvo ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en relación a la demanda contra Llarena, instructor de la causa del "procés", interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers por una supuesta falta de respeto a su derecho a la presunción de inocencia por parte del magistrado.
Preguntada por la intervención del Gobierno en la demanda en Bélgica, la vicepresidenta ha sido tajante: "Cualquier juez o jueza de nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, en este caso, el Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función".
No obstante, ha dicho que lo que sí le corresponderá al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y cuando la demanda sea admitida, es "defender la soberanía jurisdiccional de España".
"Eso sí le corresponde al Gobierno de España y eso sí lo va a hacer el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia", ha reiterado Calvo.
Y ha argumentado que también le corresponde al Ejecutivo indicarle a cualquier otra justicia de cualquier otro Estado que "no se puede inmiscuir en los procedimientos de nuestro propio espacio, que tiene que ser inmune desde el punto de vista de la soberanía jurisdiccional de España".
En todo ello está el Ministerio de Justicia, ha recalcado la vicepresidenta antes de recordar que los poderes judicial y ejecutivo son "distintos e independientes".
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que advertía de que contratará un bufete privado de abogados que defienda "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en el procedimiento abierto en Bélgica contra Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el "procés" que instruye este juez.