El anuncio hecho por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, es una de las medidas sociales que el PSOE venía reclamando desde que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobara el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria que entró en vigor en septiembre de ese año.
Desde entonces, los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque estaba garantizada su asistencia en los servicios de urgencias, así como para los menores y las embarazadas.
Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad" de la Sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones.
Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el "copago" de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas. Otro de los objetivos del Gobierno entones era sentar las bases para establecer una cartera de servicios común que eliminase las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma.
Tres años después de la aprobación de esta reforma, el sucesor de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primara en el SNS, aunque sin recuperar la tarjeta sanitaria.
