El Gobierno ha confirmado que la que fuera pareja del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, trabajó en la empresa pública de ingeniería INECO como "personal administrativo" porque cumplía con "los requisitos necesarios", en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Vox en relación con el denominado 'caso Koldo'.
En una pregunta remitida el 9 de septiembre, Vox se refirió a la que fuera pareja de Ábalos por cuanto ha trascendido de la causa judicial que "acudía a los viajes oficiales durante los años 2018 y 2019 acompañado de una persona" que "recibía pagos del político valenciano por cada día que coincidía con él" y que le habría reclamado como pagos pendientes 39.300 euros.
En su respuesta, del 17 de octubre, el Gobierno contesta que "no se abonan pagos a personal que no preste servicios al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".
Vox también preguntó si "tiene previsto el Gobierno encargar una auditoría en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para conocer todos los pagos realizados en la etapa en que Ábalos estuvo al frente".
En este sentido, el Ejecutivo aclara que "no está previsto actualmente la realización de una auditoría sobre los pagos realizados".
Los de Santiago Abascal se interesaron asimismo por "la contratación de la aludida persona beneficiaria de los pagos en INECO, la sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible".
Sobre esto, el Gobierno informa de que "la persona aludida asumió las funciones de personal administrativo cumpliendo con los requisitos establecidos".
'JRG' en el informe de la UCO
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió en un reciente informe que entre 2018 y 2022 Ábalos habría mantenido "una relación particular" con una mujer, a la que identificó con las iniciales J.R.G.
De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalaron que en ese periodo ella llegó a recordar a Ábalos que su contrato laboral con INECO expiraba en unos días. Además, indicaron que en 2021 estuvo seis meses en la empresa pública TRAGSATEC, dependiente de la SEPI.
"Habiendo contextualizado la relación personal y profesional de J.R.G., se han hallado evidencias de que de manera simultánea a la duración de sus contratos, J.R.G. se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España" de Madrid, apuntaron los agentes.
Los investigadores afirmaron haber encontrado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar este piso en Plaza España donde residía J.R.G.
