El Gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas.
Así lo aseguran fuentes gubernamentales ante la reactivación de la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados, donde se da por hecho que algunos grupos pedirán consultar la información sobre este asunto que se custodie en el centro que dirige Esperanza Casteleiro.
Esta es una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para la aprobación de la senda de estabilidad y se entregarían en la comisión de investigación que se ha reactivado en el Congreso sobre esos atentados.
Precisamente, este jueves se reanudan en la Cámara Baja los trabajos de esa comisión sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 para aprobar su plan de trabajo.
Del mismo modo, se reanudan las sesiones de la comisión de investigación sobre la denominada 'Operación Cataluña' y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial.
El papel del CNI
Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imam de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los "fallos de coordinación" que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el 'cerebro' de la masacre.
Es Satty fue uno de los terroristas que murió en la explosión registrada en la vivienda de Alcanar (Barcelona) el 16 de agosto, un incidente que, según la sentencia dictada tras el juicio por estos hechos, llevó a los yihadistas supervivientes a improvisar con el atropello masivo que tuvo lugar en Las Ramblas de Barcelona al día siguiente y en el ataque llevado a cabo en Cambrils el día 18. En total fueron asesinadas 16 personas.
La explosión de Alcanar fue investigada por los Mossos d'Esquadra, que entonces dependían del Govern independentista que presidía Carles Puigdemont, pero en esas primeras horas no se trató como una explosión terrorista, sino como un accidente por acumulación de bombonas de butano. Los planes de los socios del Gobierno no inciden en eso y optan por centrarse en apuntar contra el CNI.
Excomisario Villarejo
Fue el excomisario José Manuel Villarejo quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un "susto" al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con Es Satty mientras había estado en prisión.
Según su tesis, esos atentados habrían sido un "error" de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible "comando ficticio" para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll.
El CNI señaló desde el primer momento que se contactó con el imán "siguiendo los protocolos" cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, pero recalcó que Es Satty en ningún caso fue un confidente.
En este contexto, desde el Gobierno remarcan que el CNI no tuvo nada que ver con esos atentados e incluso ponen en duda que custodie algún documento sobre de los mismos más allá de algún dato sobre el seguimiento de los ataques. En todo caso, subrayan que no van a poner ningún impedimento a cualquier desclasificación.
