"Aquí no hay nada", dice la ministra portavoz del Gobierno, preguntada sobre el caso de David Sánchez y su decisión de renunciar a su puesto como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Pilar Alegría llega esta conclusión preguntada en TVE por los casos de presunta corrupción que rodean al entorno personal y político del presidente.
Tres jueces, tres cacerías
Dice la Portavoz que la renuncia de David Sánchez a su puesto de trabajo es personal pero que "su único delito es ser hermano de un presidente progresista, porque es una persona honesta, con una formación y un amplísimo currículum, que ganó una plaza por sus aptitudes y que sin embargo se ha visto sometido a una persecución por parte de organizaciones ultras".
La conclusión de la ministra en este y los otros dos casos -el de Begoña Gómez y el del Fiscal General- choca contra la decisión de los tres instructores que han estimado pertinentes las denuncias de las acusaciones populares, sean del signo que sean y lejos de desestimarlas han seguido adelante.
Pero para el gobierno, los tres jueces, Beatriz Biedma -que instruye en Badajoz el caso del hermano del presidente-, Juan Carlos Peinado -que instruye el de la esposa de Pedro Sánchez-, y Angel Hurtado -que hace lo propio con la del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz-, son tres ejemplos de la gran cacería ultra que promueven asociaciones de este tipo y de las que se aprovechan Vox y especialmente el Partido Popular.
Así, Moncloa un día más insiste en que "no hay casos" y que desde el sistema judicial se opera claramente contra el gobierno . Y todo pese a que en cada uno de ellos se mantiene abierta la instrucción a buen ritmo y en cada declaración de investigados o testigos, los tres jueces deciden tirar aún más del hilo.
De hecho, en el caso del hermano de Pedro Sánchez, la citada jueza Biedma concluye que "los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas". En el caso del Fiscal General, el juez Hurtado, igualmente, considera muy grave la quiebra de la confidencialidad de García Ortiz al revelar la identidad del novio de Díaz Ayuso como contribuyente y en el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado, finalmente, insiste en sus autos en los que defiende que hay "sólidos indicios de comisión de delitos".
Todos contra la jauría ultra: Alegría, Bolaños, López...
Por eso, un día más ha vuelto el fuego cruzado. Y al socaire de la decisión del hermano de Sánchez de dejar su puesto, varios ministros han salido escopeta política en mano para contraatacar las consecuencias personales padecidas por David Sánchez. Y todo por culpa de la denuncia de una acusación popular "ultra" -señalan en Moncloa- detrás de la cual estarían para aprovecharse Partido Popular y Vox.
Así, además de Pilar Alegría, otros ministros como el flamante nuevo líder socialista madrileño, Óscar López dispara contra "la máquina del fango que persiguen a personas inocentes y honradas -en alusión al hermano de Pedro Sánchez- mientras otros se fuman un puro desde su ático pagado con comisiones ilegales", en referencia a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desde la bancada Popular tampoco tardaban demasiado en responder a estos "disparos" : Isabel Díaz Ayuso respondía con ironía sobre el "Hermanísimo" rogando a quien corresponda "que le diga dónde estaba su Oficina de Artes Escénicas y que acuda a la caña de despedida que seguramente le ofrezcan sus compañeros para que tengan una oportunidad el menos de verlos y conocerlos en persona". Poco después el propio Alberto Núñez Feijóo se unía a esta fórmula de respuesta señalando que "hoy ha dimitido después de varios años sin ir a trabajar un Sánchez Pérez-Castejón. Por algo se empieza. Y -concluía- creo que deberían seguir por este camino el Fiscal general del Estado y las decenas de altos cargos del PSOE que están imputados, incluyendo el 1", - en clara alusión a Pedro Sánchez.
Un motivo más para acabar con la figura de la acusación popular
Y en este fuego cruzado -de nuevo- el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se escudaba en el término "jauría ultraderechista" para referirse hoy desde Asturias a las actuaciones judiciales sobre estos tres casos.
El superministro pedía a estas organizaciones "que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares solo porque no piensan como ellos". Porque este es el foco de la cuestión para el gobierno: evitar que las acusaciones populares puedan causar con sus denuncias el inicio de un procedimiento contra su entorno, como ha ocurrido en los casos del hermano y la mujer del presidente.
De ahí el interés por sacar adelante la llamada popularmente "Ley Begoña", porque entre otros objetivos -que muchas voces del ámbito judicial no niegan que puedan ser beneficiosos- esconde acabar con efecto retroactivo con la instrucción de estos tres casos, ya que desaparecería la figura de la acusación popular que el PSOE sí defendió en la época de los casos Gürtel o Púnica contra el PP.
A este respecto, varias organizaciones de jueces y fiscales recuerdan al gobierno que una simple denuncia de una acusación popular no basta para iniciar una instrucción. Y si aquí se han iniciado tres instrucciones es porque en todas ellas cada juez ha visto hasta la fecha indicios de delito.
