Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dejado claro que, a partir de la suspensión de la moción, ni la Generalitat catalana ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión.
Y que, si la realizan, el Gobierno o quienes puedan impugnar tal actuación, podrán llevar a cabo las decisiones que estimen oportunas "con proporcionalidad y prudencia".
Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno recurrirá de manera inmediata al TC si la Cámara catalana aprueba en sus términos actuales la propuesta de resolución, previo informe del Consejo de Estado, y que demandará su suspensión.
Ha indicado que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por tanto no permitirá que "cualquier ciudadano y menos un Gobierno se salte la ley".
La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno se siente "arropado" por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la ley y el respeto a la legalidad.
