La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la norma que regulará los impuestos temporales a las empresas energéticas y entidades financieras incluirá la prohibición de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos.
"En la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad", ha explicado la titular de Hacienda en una entrevista en la Ser.
Montero ha justificado el impulso de estos impuestos en un contexto marcado por la escalada inflacionista y ha señalado que en estos momentos se están produciendo una serie de mayores beneficios en estas empresas energéticas --eléctricas, petroleras y gasísticas-- y entidades financieras, fruto de la situación del mercado.
"Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común", ha argumentado la ministra.
Así es el impuesto a las grandes energéticas
El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio, mientras que el dirigido a las entidades financieras hará lo propio con una recaudación estimada de 1.500 millones al año. Ello supone un impacto total en la recaudación de 7.000 millones, según ha recordado Montero.
Preguntada por la relación del Ejecutivo con estos sectores, Montero ha asegurado que es "buena", pero que actualmente se desarrolla con cierta "tensión" ante la situación actual. "No ha habido falta ni un día de diálogo con las empresas energéticas porque gran parte del incremento de la inflación se ha debido al incremento del precio de la energía", ha asegurado Montero.
Aunque la ministra ha asegurado que estarán "pendientes" de lo que estas empresas quieran comentar, ha remarcado que el impulso de estos impuestos es de "justicia social y fiscal", subrayando que no existe ningún tipo de "inseguridad jurídica" en torno al gravamen, tal y como ha planteado la patronal bancaria.
"Es un clásico que cuando se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: que se va a ahuyentar la inversión y que inmediatamente va a repercutir sobre los consumidores", ha reprochado la ministra ante las advertencias por parte de estas empresas y del Partido Popular.
Preguntada por el "giro a la izquierda" del Gobierno tras las propuestas planteadas en el Debate, Montero ha asegurado que el Ejecutivo ha sido siempre "bastante reconocible" y basa sus decisiones en lo que afecta a la mayoría de ciudadanos.
