El Gobierno ha conseguido sacar adelante la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge la obligatoriedad del uso de las mascarillas, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, por el gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de COVID-19, pese a las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.
Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado tradicionalmente al Ejecutivo durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida, sino porque el Gobierno ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra.
La norma, que ahora se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia tal y como se ha acordado este martes, establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.
El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes. Asimismo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
El decreto contempla otros asuntos
Al margen del uso de la mascarilla, el decreto contiene disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año. Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE.
Además, el Decreto contiene actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año. La inclusión de este punto en este Real Decreto-Ley de carácter sanitario ha enfadado tanto a la oposición como a los socios del Gobierno.
