El informe de la UCO ha dado un contundente golpe a Pedro Sánchez, que ha tenido que reconocer que sí conocía el viaje de Delcy a España, algo que en el Senado en aquel momento manifestó en dirección contraria. En su primera reacción, el presidente ha adoptado una postura firme, desvinculándose de su exiliado José Luis Ábalos y advirtiendo que "no va a haber impunidad" en casos de corrupción que afecten a su Ejecutivo o al PSOE. Sin embargo, la estrategia del Gobierno parece clara: proteger a Sánchez, mientras todas las sospechas se centran en Ábalos.
El distanciamiento calculado: "No habrá impunidad"
Desde Roma, tras su encuentro con el papa Francisco, Sánchez enfatizó que su Gobierno se ha caracterizado por actuar con "contundencia" y "transparencia" en cuanto se ha detectado cualquier atisbo de corrupción. El presidente recordó cómo el PSOE reaccionó rápidamente pidiendo la dimisión de Ábalos y su expulsión del partido cuando comenzaron a circular las primeras informaciones sobre su implicación. "Quien la haga, la pague", sentenció Sánchez, refiriéndose al exministro sin mencionar detalles del caso, pero asegurando que colaborarán plenamente con la justicia.
Estas palabras, sin embargo, no ocultan una realidad incómoda. José Luis Ábalos fue uno de los hombres más cercanos a Sánchez, clave en la moción de censura contra Mariano Rajoy y, durante mucho tiempo, el rostro fuerte del sanchismo. Ocupó un puesto crucial como ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, un cargo que le otorgaba poder e influencia sobre las autonomías y municipios del país. Su destitución en 2021 fue rápida y sin explicaciones claras, aunque más tarde fue reincorporado a las listas electorales y su sueldo se completó con la presidencia del ministerio del Interior, lo que deja preguntas sobre cómo el Gobierno manejó su caída en desgracia.
Ábalos, el centro del huracán
El informe de la UCO revela detalles preocupantes. Entre los datos más escandalosos se encuentra el pago del alquiler de un piso en la Plaza de España para la pareja de Ábalos, Jessica, por un valor de 2.700 euros al mes durante tres años. Esta revelación añade más presión sobre el exministro, cuyo papel en esta trama sigue siendo objeto de investigación judicial.
A pesar de la contundencia con la que el Gobierno y el PSOE han intentado desvincularse de Ábalos, queda en evidencia que fue un personaje de primer orden dentro del partido hasta su destitución.
El Gobierno y su estrategia de contención
Figuras clave del actual Ejecutivo han salido al paso para reforzar el mensaje de Sánchez. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, ha reiterado el deseo del Gobierno de que "se investigue todo" y que "quien tenga que pagar, que pague". Con un discurso alineado con el de Sánchez, Bolaños intentó mostrar a un Gobierno que colabora con la justicia y que no mira hacia otro lado cuando se trata de casos de corrupción. La línea de defensa es clara: han actuado "desde el primer minuto", expulsando a Ábalos del partido y del Gobierno cuando apenas comenzaban a surgir sospechas.
Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, volvió a referirse al polémico encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, en enero de 2020. Ha intentado minimizar el asunto calificándolo como una "no reunión". El Ejecutivo busca proyectar la imagen de ser implacable con la corrupción, diferenciándose de las etapas pasadas, como recordó el ministro Óscar Puente, aludiendo, con retranca, a cómo otros Gobiernos supuestamente destruían pruebas.
