El Congreso de los Diputados aprobó con 177 votos a favor y 172 en contra, la proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, una iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace seis meses la investidura de Pedro Sánchez.
Una ley a la que una vez aprobada, hay que encontrar fecha para que entre en vigor. Ahí se abre un horizonte incierto en el que lo que parece más probable es que el PSOE fuerce que la fecha sea posterior a las elecciones europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya manifestó su preocupación por esta ley de la que querían conocer los detalles en profundidad. Asimismo, Salvador Illa se encuentra en plena negociación para ser investido como presidente de la Generalitat.
El Gobierno puede aprovechar el margen que permite la legislación para dilatar los plazos de publicación en el Boletín Oficial del Congreso. Tendrá que pasar por la revisión de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la firma y sanción por parte del Rey y, finalmente, su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La firma del rey Felipe VI puede alargarse hasta los 15 días, tal y como recoge el artículo 91 de la Constitución.
Recursos de las Comunidades Autónomas
Casi todas las comunidades autónomas del PP han reiterado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, un paso que los gobiernos de Madrid y Andalucía quieren dar de forma inmediata, según han avanzado Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.
Las CCAA del PP realizaron este anuncio una vez que el Pleno del Congreso aprobó con mayoría absoluta la ley de amnistía, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, un trámite parlamentario que se superó por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177. Ahora, la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor.
Al margen de los recursos de sus autonomías, el PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo también presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, si bien fuentes de su equipo no han precisado cuándo se registrará y si podría hacerse en plena campaña europea.
"Estamos decididos a recurrir la ley aunque la confianza en el TC es nula", han asegurado fuentes del partido. La ley fija un plazo de tres meses para poder impugnar desde su publicación en el BOE, que en principio no se espera hasta la próxima semana.
En esta legislatura solo el Grupo Popular puede presentar ese recurso de inconstitucionalidad desde el Congreso, dado que Vox quedó por debajo del mínimo de diputados que exige la ley, que son 50 parlamentarios. El partido de Santiago Abascal solo podría participar de esos recursos en los gobiernos que comparte con el PP o en los Parlamentos autonómicos donde sumen mayoría.
En 'Génova' son conocedores de la "cascada" de recursos que preparan los equipos jurídicos de sus Gobiernos autonómicos pero, en principio, no se prevé una acción coordinada a la hora de registrarlos ante el Constitucional, según fuentes de la formación.
