El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que es "razonable" que el Tribunal Supremo pretenda acumular la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el Govern de Carles Puigdemont a la investigación que se lleva en el en alto tribunal a los miembros de la Mesa del Parlament, todos ellos investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de bienes públicos por los hechos relacionados con la declaración unilateral de Independencia.
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"Eso garantizará sin duda la coordinación y la unidad de tratamiento", ha aseverado el ministro en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Para Catalá, es "razonable" que el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya considerado necesario que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le pase las diligencias para ofrecer un "elemento más de garantía y seguridad jurídica"
"Que haya distintas personas con aforamientos distintos no debería impedir la gestión de manera integrada de toda la causa", ha dicho Catalá, en referencia a que en el Supremo se investiga a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa debido a su condición de aforados; mientras que en la Audiencia Nacional se lleve la causa relativa a Puigdemont y sus trece exconsejeros.
La juez Lamela ya ha emitido su informe en el que considera que en Tribunal Supremo debe acumular todas las causas que investigan el proceso secesionista en Cataluña. Explica que se trata de delitos "conexos" y por tanto la escisión de la instrucción "dificultaría enormemente" la investigación conjunta de la organización del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia.
En cambio, la Fiscalía defendió en su escrito remitido al juez LLarena que la investigación continuase en ambas instituciones judiciales porque gozan de "sustantividad" y "características" propias.
Asimismo, advirtió de que las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre pueden variar la "condición" de los exconsejeros imputados y volver a ser aforados, por lo que ese será el momento para decidir si la instrucción pasa al Tribunal Supremo.
