Durante la anterior legislatura de Pedro Sánchez, el Gobierno denunció que los móviles del propio presidente y de Margarita Robles, ministra de Defensa, fueron espiados con el programa Pegasus (que es una especie de 'malware' -programa espía- que se instalan en los dispositivos móviles de iOS y Android y que fue desarrollado por una firma cibernética israelí). Bien, pues ahora -con el fin de evitar 'ataques' como estos- la Moncloa ha optado por renovar sus sistemas de cifrado para blindar todavía más las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, tal y como publica esta misma mañana el diario El País.
El rotativo que se apoya en "fuentes gubernamentales" explica que dicha renovación se realizará por etapas y que va desde la infraestructura hasta las aplicaciones cripto de los móviles de los altos cargos. La primera fase, que corresponde a la infraestructura de comunicaciones cifradas de la Moncloa, se llevará a cabo por Epicom (que era propiedad de Duro Felguera y que fue adquirida en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -SEPI-).
Los móviles utilizan un sistema para el cifrado de sus comunicaciones de voz, mensajería y vídeo que también será renovado. Se utilizarán tecnologías de desarrollo nacional, que es una condición básica para este tipo de servicios y que deben estar certificados por el Centro Criptológico Nacional (CNN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Más presupuesto
Según explica El País, en 2022, las comunicaciones por telefonía móvil de los ministerios y de los organismos públicos se adjudicaron a la compañía Vodafone, cuya oferta era un 60% inferior al presupuesto de licitación (12,5 millones de euros frente a 31,2). Las fuentes consultadas por el mencionado periódico subrayan que las condiciones del nuevo contrato serán mucho más exigentes en materia de seguridad.
Lo cierto es que el Ejecutivo nunca ha hecho pública la lista de proveedores de alto riesgo. El Esquema Nacional de Seguridad de las Reyes y Servicios 5G, aprobado en abril del pasado año mediante un real decreto, deja en manos del Consejo de Ministros la posibilidad de "calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo".
