8 SEMANAS DE PERMISO EN 2019; 12 EN 2020; Y 16 EN 2021
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la extensión del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, igualándolo al de maternidad de manera progresiva. Una vez aprobado, las medidas en él plasmadas entrarán en vigor un día después a su publicación en el B.O.E, aunque el texto deba ser convalidado posteriormente por el Congreso.
En cualquier caso, el decreto ley ha recibido luz verde y, consecuentemente, el permiso por paternidad para funcionarios y trabajadores del sector privado se elevará gradualmente hasta 2021, cuando tendrán permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas.
Actualmente es de cinco semanas voluntarias y dos días (o cuatro si es necesario el desplazamiento) obligatorios. La obligatoriedad también se ampliará de manera gradual para el progenitor distinto a la madre: las dos primeras semanas ininterrumpidas tras el parto serán obligatorias en 2019; cuatro lo serán en 2020; y seis en 2021. Se disfrutarán "a jornada completa".
Este punto ha desatado críticas por parte las asociaciones de familias. La Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA) celebró la ampliación del permiso, si bien avisó de las "trampas", en referencia a la simultaneidad de las seis primeras semanas, que "pueden conducir a que las mujeres cuiden mucho más y durante mucho más tiempo", según explicó a Europa Press la portavoz, María Pazos.
También la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) afirmó que era una "ley patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres".
10 SEMANAS CADA UNO
Ambos progenitores tendrán otras 10 semanas cada uno a distribuir hasta el primer año del recién nacido, y éstas podrán repartirse a jornada completa o parcial, y en ningún caso podrán cederse. En cualquier caso, si ambos progenitores deciden disfrutar de los permisos de manera equitativa éstos se ampliarán en una semana cada uno.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, justificó la implantación progresiva del permiso "para dar tiempo suficiente a las empresas". También apeló a la "corresponsabilidad" de ambos progenitores. "La maternidad es una opción libre de las mujeres y tenemos que hacernos corresponsables todos", incidió en la rueda de prensa posterior al Consejo.
El objetivo de llevar esta medida a través del decreto ley es poder hacerla efectiva, ya que se quedó en el aire al tumbarse los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados. Estaba prevista también en la Ley de Igualdad Laboral que presentó el grupo socialista hace un año en el Congreso, cuya tramitación quedó varada ante el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes Generales.
610 MILLONES DE FINANCIACIÓN
El Gobierno estima que el coste económico de este decreto ley rondará lo 610 de euros, presupuestado a cargo de la Seguridad Social y su "incremento de la recaudación" gracias a los mayores ingresos derivados del alza del Salario Mínimo y el aumento de la cotización máxima.
En el proyecto de ley de presupuestos para 2019 --tumbados por el Congreso-- el Gobierno preveía gastar 302 millones más para poder financiar la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas en 2019.
Según datos del Ministerio de Trabajo, el gasto en prestaciones por paternidad experimentó en 2018 un incremento anual del 12,2% tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ampliación del permiso de cuatro a cinco semanas. De acuerdo a estas cifras, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en 2018 por la Seguridad Social ascendió a 255.531, un 3,4% menos que en 2017, con un coste superior a los 448 millones de euros (+12,2%).
OBLIGACIÓN DE UN REGISTRO DE TABLAS SALARIALES
Otra medida del real decreto ley, y que estaba contemplada en la Ley de Igualdad Laboral del PSOE, es la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de más de cincuenta trabajadores. Las empresas que tienen más de 50 trabajadores tendrán tres años para elaborarlos, mientras que se da un margen de un año a las empresas que tengan más de 250 trabajadores.
También se recoge la obligatoriedad de la publicación de las tablas salariales para empresas, a las que se tendrá acceso a través de la representación sindical o delegación personal.
Otra medida del decreto ley es la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.