El Gobierno español y el País Vasco firman este lunes el traspaso de la gestión de las tres prisiones vascas a Euskadi, aunque la transferencia no se hará efectiva hasta el 1 de octubre. De esta manera, los tres inmuebles serán traspasados a Euskadi y empezarán a ser gestionados por la comunidad vasca.
Hasta el momento, el País Vasco cuenta con tres centros penitenciarios, donde residen actualmente 966 reclusos. Son los de Basauri (Bizkaia), con 149 internos; Nanclares (Álava), la más grande y moderna, con 623 y Martutene (Gipuzkoa), con 194. Además, la nueva prisión guipuzcoana de Zubieta, aún sin terminar, también pasará a depender del Gobierno Vasco y, a su vez, este devolverá la actual Martutene al Ejecutivo central, que la cerrará.
Esta transferencia también incluye el edificio de la antigua cárcel de Nanclares, donde ya no reside población reclusa, y la gestión del personal que atiende a las tres prisiones, que asciende hasta los 620 funcionarios y 50 laborales, que a partir de ahora cobrarán del Gobierno vasco.
El traspaso incluye la gestión de las prisiones, destacando la competencia sobre su organización y funcionamiento. Este traspaso está contemplado en el Estatuto de Gernika, firmado hace 41 años, aunque hasta ahora esta competencia solo la había ejercido Cataluña entre las autonomías, algo que ha generado polémica en la firma de este acuerdo. Según esta legislación, las juntas de tratamiento de cada prisión serán las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, siempre bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.
De hecho, formaciones políticas como el Partido Popular han levantado sospechas en torno a los posibles beneficios que esta medida podría tener para los presos de ETA. Actualmente, en las tres cárceles vascas apenas hay treinta presos de ETA. Durante los últimos años se han producido continuos acercamientos a prisiones cercanas, aunque muy pocos han tenido como destino el País Vasco.
Por su parte, el Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu ha rechazado esas sospechas y ha insistido en el objetivo de potenciar la reinserción de todos los reclusos, tal y como queda contemplado en la Constitución española. La llegada de estas prisiones tiene un gran valor simbólico para el ejecutivo vasco, ya que, aunque no podrá gestionar la política penitenciaria ni tampoco fijar las condenas, sí tiene amplio grado de maniobra para abordar políticas de reinserción o de terceros grados a presos.
